El Gobierno aprueba la primera ley de protección animal de nuestro país
El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes la ley de la ciencia que busca mejorar la carrera profesional, dotarla de mayor estabilidad y reducir las cargas administrativas
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la ley de protección animal, que regula la relación con los animales de compañía y responde al sentir de la sociedad para no tolerar el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que "es la primera ley de derechos de animales de nuestro país" y ha explicado que su objetivo se centra en combatir tres lacras: "el maltrato, el abandono y el sacrificio". La ministra cree que su aprobación responde a una cuestión de "sentido común", ya que lleva tiempo siendo una "demanda social".
La aprobación de la futura norma fijará como uno de los puntos claves el sacrificio cero, es decir, no se podrá sacrificar a animales de compañía. Además, pondrá fin a la comercialización de animales en las tiendas de mascotas, así como a su exhibición y exposición al público con fines comerciales, mientras que la cría solo podrá llevarse a cabo por criadores autorizados.
Otro de los apartados incluidos en la citada norma alude a la prohibición de prácticas que provoquen sufrimiento en los animales, como por ejemplo, el uso de collares eléctricos o pinchos o la posibilidad de llevarlos atados a un vehículo en marcha. El hasta ahora anteproyecto de la ley, que abrió el plazo de información publica el pasado 6 de octubre, establece un régimen sancionador en el que se distinguen tres tipos diferentes de faltas -leves, graves y muy graves- y que podría llegar hasta los 600.000 euros. La ministra ha recordado que "hasta hoy, no tenían ningún reproche penal" los autores de algunos de los vídeos que se han compartido en redes en las que se maltrata a animales. Ahora, además de una posible condena de 24 meses de prisión con resultado de muerte y a 18 meses si implica atención veterinaria, actos así podrán conllevar una inhabilitación de 1 a 5 años para trabajar con animales.
También prevé medidas accesorias para los incumplimientos que pueden dar lugar al decomiso del animal y su entrega a una entidad de protección, así como la posibilidad de inhabilitar al propietario de la tenencia de animales "por un periodo máximo de cinco años para las infracciones graves y de cinco a diez años para las muy graves".
Belarra ha detallado que la ley también tendrá en cuenta la protección a los animales de las víctimas de violencia machista que no tenían donde dejar a sus animales: "Muchas veces los maltratadores utilizan los animales para hacer todavía más daño a sus víctimas".
El Gobierno aprobará la nueva ley de ciencia
El Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley de la ciencia que busca mejorar la carrera profesional, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento. Además, la reforma, en una disposición adicional, garantiza la financiación pública estable en I+D+i y su crecimiento hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25 % del PIB -ahora está en el 0,58 %-, acorde a las metas marcadas por la Comisión Europea y tal y como se recoge en el borrador del pacto por la ciencia.
El texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y llega este viernes a la mesa del Consejo de Ministros tras la finalización del trámite de audiencia pública, en el que asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual han presentado más de 4.000 comentarios, muchos de ellos sobre la indemnización a los predoctorales por finalización de contrato.
Tras la aprobación se iniciará su trámite parlamentario, donde el Gobierno espera recabar "el máximo de los consensos".
Uno de los objetivos principales de la nueva norma es mejorar la carrera profesional, para lo que introduce una nueva modalidad contractual laboral indefinida; este contrato no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva.
El proyecto también contempla medidas para los científicos más jóvenes -doctorandos o investigadores predoctorales-, a los que reconoce el derecho a la indemnización por despido de 12 días de salario por año trabajado.
Este derecho, tal y como confirmó recientemente la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, será también para los contratos vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley.
El texto apuesta asimismo por reforzar la transferencia de conocimiento y, entre otras medidas, reconoce que las actividades de transferencia de resultados de investigación deberán considerarse un concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción.
La norma refuerza además la transversalidad de género, con estructuras y acciones específicas para erradicar las desigualdades en la I+D+i.
