Anticorrupción investigará el contrato al hermano de Ayuso

Madrid

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado la apertura de diligencias informativas de carácter reservado tras las denuncias presentadas por la oposición de izquierdas en la Comunidad de Madrid, respecto al contrato adjudicado durante los primeros meses de la pandemia a la empresa Priviet Sportive SL, por un montante de 1.5 millones de euros para adquirir 250.000 mascarillas, del que se benefició el hermano de la presidenta de la Comunidad, Tomás Díaz Ayuso.

Según figura en el propio decreto remitido por la Fiscalía, Anticorrupción certifica que el gobierno de Ayuso no ha aportado ni una sola de las facturas de su hermano con Priviet Sportive SL, que según el PP, le supusieron ingresos por 286.000 euros.

Fuentes fiscales consultadas por la SER afirman que los representantes del Ministerio Público analizarán ahora el contenido de la denuncia y recabarán toda la documentación del contrato para confirmar o descartar la existencia de algún ilícito penal o irregularidad. Así mismo, recurrirán a las bases de datos fiscales y bancarias para recibir la información pertinente al respecto y solicitarán tanto a la Agencia Tributaria como a la Intervención General de la Administración del Estado que con toda la documentación en su poder, analicen si la adjudicación o los precios abonados se ajustaron a lo marcado en la legislación.

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Una vez analizados todos los documentos, la Fiscalía Anticorrupción puede citar también a declarar ante la sede del Ministerio Público tanto a funcionarios encargados del proceso de contratación, como al empresario que figura al frente de la empresa Priviet, Daniel Alcázar, como al hermano de Isabel Díaz Ayuso, para que explique a qué obedeció el contrato.

Existen precedentes de actuaciones de estas características. En el caso de la caja b del PP, la Fiscalía abrió diligencias informativas antes de judicializar la causa, y citó a declarar a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a los que incluso sometió a pruebas caligráficas. Después de practicada la prueba necesaria, Anticorrupción decidirá si presenta querella por el contrato de las mascarillas que ha provocado la crisis en el PP o archiva la causa.