El dueño de Desguaces La Torre esquiva la cárcel tras reconocer obras irregulares
Luis Miguel Rodríguez acepta nueve meses de prisión, que no se harán efectivos, por unas obras de ampliación en terrenos protegidos de Torrejón de la Calzada que no contaban con ninguna autorización
Imagen de archivo de una sala de la Audiencia Provincial de Madrid / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
Madrid
Luis Miguel Rodríguez, más conocido como Luis 'El Chatarrero', ha sido condenado a nueve meses de cárcel frente a los casi cuatro años que pedía el fiscal tras aceptar en el juicio un acuerdo al reconocer que acometió obras sin autorización en una zona protegida de Torrejón de la Calzada para ampliar los terrenos de Desguaces La Torre, han informado fuentes jurídicas.
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El 'Rey de la Chatarra' se ha librado de entrar en prisión al alcanzar sus letrados un acuerdo de conformidad con el fiscal, quien pedía 45 meses de prisión, casi cuatro años, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia. La pena a 9 meses de prisión será suspendida durante cinco años.
Luis Rodríguez, propietario de este popular desguace, ha llegado a las dependencias de la Audiencia de Madrid escoltado por varios abogados y se ha negado a hacer declaraciones a los medios. Su rostro es conocido en la prensa del corazón por haber sido pareja de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco; y de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.
Se da la circunstancia de que el exalcalde de Torrejón de la Calzada Eusebio García, del PP, fue condenado a 15 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística omisiva al permitir las obras ilegales en 800.000 metros cuadrados para ampliar el mencionado desguace, el mayor que hay en España.
En el pacto, al que tuvo acceso Europa Press, se acuerda una condena a nueve meses de cárcel al aplicarse en el cómputo una atenuante de dilaciones indebidas. También deberá pagar una multa de seis meses a razón de una cuota diaria de 12 euros y se le inhabilitará para la promoción y construcción inmobiliaria por seis meses.
DOS AÑOS PARA LEGALIZAR LAS OBRAS
De igual modo, se acuerda que procede la demolición y restauración del terreno, salvo la legalización de las obras en el caso de aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación.
Se fija que, una vez incoada la ejecución de la obra en el plazo de un año, se oficiará a la Dirección general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid para que emita un informe sobre el estado de tramitación del nuevo PGOU y su incidencia en la legalización de las obras. Si el informe fuera desfavorable, 'se procederá sin más a la demolición'.
En el caso de que dicho informe sea favorable a la posibilidad de legalización, se esperará a un plazo máximo de otro año para oficiar a dicha Dirección y al Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada para que informen sobre si se han legalizado las referidas obras.
Por último, el acuerdo interesa la suspensión durante cinco años de la ejecución de la pena, dado que concurren los requisitos al no superar la condena los dos años de prisión, constar solo un antecedente penal heterogéneo y haber un compromiso de afrontar la responsabilidad civil.
Dicha suspensión queda expresamente supeditada al cumplimiento voluntario de la demolición que procedieses según las condiciones establecidas en el acuerdo de conformidad.
HECHOS JUZGADOS
Luis 'El Chatarrero' es dueño y administrador único de la mercantil Desguaces La Torre S.A., dedicada al desguace de vehículos, 'aunque en el Registro Mercantil consta que su objeto es la promoción inmobiliaria'.
El fiscal detalla que la sede física de la empresa se encuentra en el municipio de Torrejón de la Calzada desde el 14 de enero de 1986, cuando se le concedió licencia a la mercantil para instalar la actividad de desguace de vehículos y otros sin maquinaria.
El escrito de acusación recoge que dentro de las actividades que realizaba la empresa, Luis 'El Chatarrero' comenzó un proceso de compra, a nombre de la mercantil, de parcelas próximas a sus instalaciones en dicho municipio 'con la intención de realizar una ampliación de las mismas y una diversificación de las actividades'.
En concreto, entre 2009 y 2011 adquirió 24 parcelas del polígono 1 de Torrejón de la Calzada, 'clasificadas como suelo no urbanizable protegido por su interés edafológico y agrícola, al que afecta también protección arqueológica, con unas dimensiones aproximadas de 25 hectáreas'.
A partir de entonces comenzó, según la Fiscalía, a realizar actuaciones de transformación del uso del suelo 'mediante el acometimiento de explanaciones del terreno y movimiento de tierras y el levantamiento de un vallado fijo de hormigón' amparándose, en una solicitud de licencia de obra menor presentada el 15 de marzo de 2010 cuya concesión se denegó por el Ayuntamiento a los pocos días por ser incompatible lo solicitado con el planeamiento vigente.
Un año más tarde, en concreto en septiembre de 2011, el acusado volvió a solicitar las mismas autorizaciones que, por segunda vez, le fueron denegadas y donde se le requería que suspendiera la progresión de las obras, añaden en su escrito de acusación.
Luis M.R.G., 'perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente', no detuvo la progresión de las obras. Es más, continuaron 'al menos' hasta 2016.
Durante este espacio de tiempo ejecutó un cerramiento perimetral en hormigón de hasta 3 metros de altura, movimientos de tierras y explanaciones, elevación de una nave principal y varias auxiliares, hormigonado de tres campas, viarios consistentes en calles con aceras, encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público hidraúlico, afectando incluso a la zona de Policía de la línea de alta tensión de Morada-Moraleja y Moratalla-Villaviciosa, recalca la Fiscalía.
Todas las actuaciones llevadas a cabo por el acusado y la mercantil fueron realizadas de forma 'clandestina', sin ningún tipo de autorización ni de respaldo legal. La zona afectada, unas 25 hectáreas, sufrió una transformación 'radical' y 'permanente del terreno'.
Y es que el acusado optó por actuar por la vía de hecho, 'con la esperanza de que tales actuaciones, en un futuro fuesen legalizadas, no mediante la concesión de las correspondientes autorizaciones en el marco de la legislación vigente, sino mediante un cambio de la normativa vigente, del planeamiento y las Normas Subsidiarias aplicables en el municipio, que pudiese amparar lo que ha ido realizando, dado que con la normativa vigente no son legalizables'.
