Qué es la renta canaria de ciudadanía, ¿yo tengo derecho?

Santa Cruz de Tenerife

La Renta de Ciudadanía es un derecho, no un capricho. Tampoco una ocurrencia política del Gobierno de Canarias. El artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, producto del acuerdo de todos los partidos en 2019, recoge el derecho subjetivo de los canarios a una renta de ciudadanía. El artículo reconoce el derecho de las personas que se encuentren en situación de exclusión social a acceder a una renta de ciudadanía, en los términos que establezcan las leyes. El espíritu de ese artículo es una renta subjetiva para cualquier persona que lo necesite. La Renta de Ciudadanía que está a punto de aprobar Canarias es un avance enorme, pero no es exactamente lo que Canarias soñó en su Estatuto de Autonomía.

Para acceder a la Renta Canaria de Ciudanía es necesario haber solicitado primero el Ingreso Mínimo Vital. Además, llevar un año de residencia en el domicilio donde se está empadronado y tener más de 18 años. Este requisito complica mucho las cosas a los jóvenes que han vuelto a sus casas por falta de sustento económico. Además, los ingresos de la unidad familiar (medidos durante los tres últimos meses) deben ser inferiores a la cuantía de la renta ciudadana que pudiera corresponder. ¿Qué cuantía es esa? 720€ es el mínimo y 990€ el máximo. Los colegios profesionales de trabajo social han expresado sus críticas sobre algunos aspectos del anteproyecto de ley de Renta de Ciudadanía que está a punto de aprobar Canarias.

Cinco claves importantes de la Renta de Ciudadanía: depende de los ingresos de la unidad familiar, y además, la lentitud de la administración plantea dudas sobre su eficacia

1. Ningún miembro de la unidad familiar puede ser propietario de otros bienes inmuebles. Es decir, si algún miembro de la familia de la persona que solicita una renta de ciudadanía tiene una segunda vivienda, aunque no suponga un beneficio económico, no tendrá derecho a la Renta de Ciudadanía
2. La solicitud de Renta de Ciudadanía será desestimada si en tres meses la Administración no responde. El anteproyecto prevé la aplicación del silencio administrativo negativo. En la actualidad, la Administración tarda el doble para resolver algunos trámites.
3. Es necesario el consentimiento expreso de todos los miembros de la unidad de convivencia para solicitar la Renta de Ciudadanía. Este asunto plantea muchas dudas, porque choca frontalmente con la posibilidad de hacer efectivo un derecho subjetivo.
4. La tramitación de la Renta de Ciudadanía se canaliza a través de una aplicación informática que todavía no existe, o al menos, no se ha hecho pública. Además de la brecha digital, esto supone una sobrecarga para los ayuntamientos. De hecho, muchos ya han advertido de que no tendrán capacidad para gestionar la avalancha de solicitudes que se espera.
5. Para determinar que existe una situación de vulnerabilidad social es necesario realizar un diagnóstico tomando como referencia los servicios que se describen en el Catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales. ¿Cuál es el problema? Que el Catálogo no existe. El Gobierno espera aprobarlo antes de 2023.

Entonces, ¿todo en la Renta de Ciudadanía es malo? No, al contrario, la Renta supone un avance extraordinario con respecto a los derechos sociales que actualmente tienen los canarios

El anteproyecto de ley de Renta de Ciudadanía entrará en el Parlamento de Canarias en los próximos meses para su lectura. Más tarde, los grupos políticos y el conjunto de la sociedad podrán presentar enmiendas para mejorar la Ley. Es decir, todavía hay un camino largo para mejorar una Ley que de por sí, es mejor que la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Al contrario que la PCI, -que se extingue a los dos años-, la Renta de Ciudadanía no tiene plazo de vencimiento. Quienes tienen derecho a ella pueden cobrarla siempre que su situación económica no mejore. Es compatible con otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y además, amplía su cobertura a personas con rentas más bajas. También está previsto que la Renta de Ciudadanía incluya complementos de distintos tipos, por ejemplo, en materia de vivienda. Todo esto ha llevado a la oposición y a los propios colegios oficiales a refererirse a la Renta como "una PCI mejorada".

El Ingreso Mínimo Vital solo llegó al 6% de los canarios en riesgo de exclusión, ¿se repetirá el fracaso con la Renta Canaria de Ciudadanía o se pondrán más medios para responder en tiempo y forma?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación dirigida a las personas más vulnerables, sólo llegó el pasado año al 6% de los canarios que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, esa ayuda la recibieron 38.657 personas de los más de 608.000 que se sitúan en riesgo de pobreza o de exclusión social. Son datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales casi dos años después de que entrar en vigor esta prestación social, pensada para aquellas personas más expuestas a la crisis económica derivada de la pandemia. Los trabajadores sociales se temen que algo similar pueda ocurrir con la Renta de Ciudadanía si no hay una dotación económica real. En este momento hay unas 1.000 personas esperando por la valoración de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y unas 1.300 por la renovación. Si hablamos de pensiones no contributivas, el dato asusta, hay cerca de 7.000 expedientes sin resolver. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llegó a pedir "un cambio radical del sistema de servicios sociales" en Canarias para sacarla de su histórico retraso en esta materia.

La ficha financiera que aporta el anteproyecto de Ley de Hacenda prevé añadir unos cuatro millones de euros al presupuesto que tiene actualmente la PCI para los próximos tres años. "Con cuatro millones de euros más no se puede atender, consideramos que eso es insuficiente", critica Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. "Se suben las cuantías de la PCI y ya no va a haber renovaciones, ¿y solo subes cuatro millones de euros?", se pregunta. No obstante, el Gobierno deja la puerta abierta a un incremento si fuera necesario. "No se puede sobrecargar todavía más a los ayuntamientos sin los medios necesarios para llevar a cabo esta nueva tarea", explica Delgado. "Necesitamos personal estable, con la contratación de un solo trabajador social por cada ayuntamiento no es suficiente y además, necesitamos un plan estratégico para garantizar que sea estable y hacer un acompañamiento real a las familias", añade. "Esta Renta Ciudadana mejora mucho los grandes impedimentos de la PCI, pero no es una renta universal", concluye.

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