Teresa Vicente defiende en el Congreso que el Mar Menor tenga personalidad jurídica porque "dejará de ser un objeto para convertirse en un sujeto"

Murcia

Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho, y que ha llegado respaldada por las más de 600.000 firmas recogidas para tramitar esta ILP, ha explicado a los distintos portavoces políticos en la Comisión de transición Ecológica del Congreso que "se trata de una cosa nueva", porque el derecho ambiental ha fracasado y se necesita una nueva conciencia ecológica. En su opinión, el reconocimiento jurídico del Mar Menor  de personalidad jurídica, lo que supone "la herramienta más poderosa que hay para su defensa".

parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la UMU basado en experiencias en países de América y Oceanía en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, destinado a la protección de ecosistemas de gran valor ecológico que se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo.

Durante su intervención, Vicente ha explicado que, de transformarse la ILP en norma, la laguna salada se convertiría en "el primer ecosistema con derechos propios de Europa", con lo que dejaría de ser "una víctima y un objeto" para convertirse en "un sujeto" con personalidad jurídica propia.

En este sentido, la ponente ha explicado que reconocer los derechos del Mar Menor conllevaría la concreción de tres figuras independientes para la protección del espacio: el Comité de Representantes; el Comité de seguimiento, en el que colaborarían los que ha llamado "los guardianes y guardianas de la laguna", y el Comité científico. Todas constituirían un órgano colegiado, la Defensoría del Mar Menor y su Cuenca.

De esta forma, ante cualquier perjuicio sobre el Mar Menor, tanto la Defensoría como cualquier ciudadano o ciudadana podría ejercitar la acción popular correspondiente y tendría acceso a la Justicia a través de un procedimiento preferente y gratuito.

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El objetivo es "impedir que las actividades urbanísticas, de la agricultura, ganaderas, mineras o cualquier otra puedan dañar el ecosistema", ha explicitado Vicente.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y POLÉMICA CON VOX

Todos los grupos políticos, salvo Vox, han mostrado suu apoyo a seguir con la tramitación parlamentaria de la ILP. Mari Carmen Martinez de Ciudadanos ha mostrado el apoyo a la iniciativa y ha planteado la posibilidad de incluir un régimen transitorio en la carta de derechos que implique ayudas a los sectores más afectados y cambios en la agricultura y ganadería de la zona "para que sean lo más respetuosa posibles". Por su parte, Inés Sabatés, de Más País, ha incidido en la cuestión de desarrollar a nivel normativo las figuras de protección que recoja la ley, incluso la necesidad de aplicar normas complementarias reflejadas en el Estatuto de Autonomía.

Javier Sánchez Serna de Podemos entiende que hay que apoyar esta iniciativa que permitirá a cualquier ciudadano defender los derechos del Mar Menor ante la justicia y ha criicado las normativas fallidas o derogadas hasta ahora que pretendían proteger el Mar Menor.

El diputado del grupo popular Juan Luis Pedreño Molina ha mostrado su "agradecimiento por esta ILP", que cuenta con el apoyo del Gobierno de Murcia, el cual se muestra "a favor de aceptar propuestas beneficiosas para la gestión del ecosistema y que aumenten su seguridad jurídica".

También el PSOE, en voz del diputado Juan Luis Soto ha mostrado el apoyo socialista a una iniciativa, que ha dicho, nos plantea un cambio en la forma de pensar en nuestra relación con la naturaleza y el Mar Menor Menor.

PSin embargo, ha sido el diputado de Vox Luis Gestoso, el que se ha mostrado en contra y se ha dedicado a arremeter contra la ponente a la que ha acusado de pertenecer a Podemos. Ha señalado que su grupo considera la ILP "un disparate jurídico para crear un chiringuito de extrema izquierda que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos" y que "pone en tela de juicio el estado de derecho".

Todos los grupos han afeado la intervención de Gestoso y le han recordado que viene avalada por seiscientos mil ciudadanos a los que ha faltado al respeto y la propia Vicente le ha insistido en que es profesora universitaria y que no milita en ningùn partido

La tramitación, tras esta presentación, pasará por meter el proyecto en el orden del día del Pleno del Congreso para que se pueda tomar en consideración. Esta parte, dado que se debate por orden de llegada, podría prorrogarse más en el tiempo, aunque los promotores confían en que no se retrase mucho.

De ser aprobada la consideración de la Cámara Baja, comienza el plazo de enmiendas al texto de la proposición de ley, un texto jurídico que fue preparado por el grupo de trabajo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la UMU.