El Ayuntamiento manda a la Policía municipal a paralizar las obras de la Ronda Sur

Vitoria

A primera vista parecía una mañana cualquiera en el sur de Vitoria. Una mañana despejada, con algo de frío, y decenas de personas dando un paseo entre Armentia y Lasarte mientras las clases se celebraban en la ikastola Olabide. Pero la presencia de unas excavadoras reflejaban el largo pulso que mantienen el Ayuntamiento de Vitoria y los dueños de los terrenos de Uleta: esta mañana arrancaban las obras de la Ronda Sur que el Ayuntamiento considera "ilegales".

Las obras arrancaban a pesar de que el Ayuntamiento decretó ayer martes por la mañana la suspensión de la adjudicación de las obras que los propietarios habían aprobado el pasado 23 de febrero y horas después comunicó verbalmente su decisión a los dueños de los terrenos. Lo hizo el mismo día en el que los propietarios firmaron con Yárritu el contrato para realizar esta primera fase de la urbanización de unos terrenos en los que se quieren construir casi 300 viviendas. Una primera fase en la que se conectarían los cerrados túneles de Armentia con la rotonda de la ikastola Olabide.

Los dueños de los terrenos señalaban esta mañana que no habían recibido la notificación oficial de la suspensión de la adjudicación de las obras. Sobre las cinco de la tarde, el Gobierno de Urtaran confirmó que esa notificación se había producido a lo largo del día, de hecho, fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento mandó a agentes de la Policía Local a realizar las notificaciones a los operarios que estaban trabajando en el terreno, además de al secretario y a la presidenta de la junta de propietarios.

El Gobierno de Urtaran considera que la obra es ilegal porque los dueños no pueden desgajar la Ronda Sur del resto de la urbanización y porque es necesaria una evaluación ambiental, entre otros motivos. Los dueños de los terrenos cuentan también con informes jurídicos de Juan Ramón Fernández Torres, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, que defiende que el proceso de adjudicación de las obras es legal.