El 25% de las denuncias a Antifraude son sobre oposiciones a policías locales en la Comunitat Valenciana

València

La cuarta parte de las denuncias recibidas por la Agencia Valenciana Antifraude en 2021 se refirió a irregularidades en oposiciones a Policía Local, como la filtración de preguntas, ante lo que esta institución ha propuesto que se siga el modelo vasco y sea el IVASPE, y no cada ayuntamiento, quien centralice todas las pruebas.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa, tras entregar a Les Corts el informe de 2021, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, quien ha señalado que ya ha trasladado esta propuesta tanto a la Conselleria de Justicia como a la dirección del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.

En su opinión, con este sistema se "resolverían definitivamente" los problemas que se están generando en los procesos de selección de empleados públicos, principalmente de agentes de la autoridad, pero también en la Administración de la Generalitat, en los que hay que garantizar la "limpieza" y la "aplicación absoluta" del principio de igualdad. Llinares admite su preocupación por las irregularidades que se detectan y que obedecen en su mayoría a filtraciones de los temarios.

"Está en juego tener una Administración de calidad o no tenerla, y está en juego sobre todo el cumplimiento del ordenamiento jurídico", ha aseverado Llinares, quien ha desvelado que Antifraude ha llevado a la justicia dos casos de irregularidades en oposiciones: a la Policía Local de Benidorm y al grupo A1 de técnicos superiores de la Generalitat.

Ha explicado que ambos casos han acabado en sentencia absolutoria, si bien han considerado probado que se filtraron las preguntas, por lo que Antifraude ha instado a ambas Administraciones a abrir procedimientos disciplinarios contra los infractores.

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Llinares ha añadido que la Generalitat abrió ese procedimiento y dictó resolución disciplinaria contra la persona involucrada, que en este momento está en el contencioso porque esa persona "sigue batallando en los tribunales", y está a la espera de que el Ayuntamiento de Benidorm lo abra al funcionario que cogió una plantilla de respuestas.

Ha lamentado que "algo tan grave como alterar el acceso a la función púbica" no tenga el "reproche" del ámbito penal, que reconoce que han ocurrido los hechos, pero no tienen encaje en los tipos del Código Penal, por lo que ha defendido que se apliquen con rigor los mecanismos que contempla la ley de Función Pública ante conductas que "vulneran de forma grave principios constitucionales".

Asimismo, ha precisado que en la segunda mitad de 2021 la Agencia abrió una investigación a raíz de una denuncia sobre supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, que aún no ha finalizado.

Llinares ha insistido en que el procedimiento que se sigue en el País Vasco es "impecable", pues la escuela vasca de administración pública centraliza el proceso de selección en oposiciones, con tribunales formados por expertos, lo que elimina los tribunales "ad hoc" en cada municipio, y posteriormente forma a quienes han ganado las oposiciones.

El director de la Agencia ha atribuido el hecho de que reciban más denuncias sobre este asunto a que ahora convocan más pruebas y a que esta entidad es más conocida tras sus cinco años de existencia y la gente tiene más confianza en ella, lo que anima a denunciar los casos de supuestas ventajas y favoritismos en estos procesos de selección.

Antifraude cifra en 23 millones el importe recuperable por Administraciones

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha cifrado en más de 23 millones de euros el importe susceptible de recuperar por las instituciones públicas debido a irregularidades, según se desprende de las investigaciones finalizadas en 2021 por esta entidad.

Así lo recoge la memoria de 2021 de la Agencia que ha sido entregada este martes a Les Corts por su director, Joan Llinares, quien ha explicado que es la primera vez que cifran este importe recuperable, a partir de expedientes que van de los 10.000 a los 20 millones de euros, y que el de mayor importe se refiere a un PAI no desarrollado en Burriana (Castellón).

Llinares ha señalado que son 27 las personas que han denunciado irregularidades o corrupción y se han acogido al estatuto de protección de esta entidad, y que hay cuatro Administraciones que no han aceptado las recomendaciones emitidas por Antifraude: el Ayuntamiento de València (en dos investigaciones), el de Rojales (Alicante) y el Institut Valencià de Cultura.