Caos en la contratación de orientadores en Madrid pagados con fondos europeos
La Consejería de Educación ha pedido a docentes que no están en el programa comunitario que firmen una declaración para justificar que sus sueldos se pagan con estos fondos
El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, con los alumnos del CEIP Miguel de Cervantes / Víctor Rodríguez (SER Madrid Sur)
Madrid
La contratación de los orientadores de la Comunidad de Madrid con fondos de la Unión Europea para este curso escolar se ha convertido en un caos que ha dejado estupefactos a los profesionales de los centros educativos que trabajan con los alumnos más vulnerables educativamente. Hace unas semanas, el director de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Ignacio Martín, detalló en la comisión de Educación de la Asamblea que se había contratado a 49 profesionales con los fondos Next Generation. Sin embargo, olvidó mencionar que esos profesionales firmaron primero un contrato distinto, un contrato al uso, como interinos. Nadie les mencionó que sus sueldos se iban a pagar con esos fondos comunitarios. De hecho han estado cobrando sus nóminas con normalidad, a cargo de las arcas de la Comunidad, hasta ahora.
El programa por el que llegan los fondos Next Generation exige que se pongan en marcha en los centros educativos unas unidades de acompañamiento para los alumnos más vulnerables. Con el dinero de Europa se pagan los orientadores que hacen ese refuerzo pero el problema en Madrid es que se empezó la casa por el tejado: la Comunidad contrató primero a los profesionales de los equipos de orientación en general para todo el curso y después, una vez que Europa concretó su plan, se pusieron en marcha esas unidades de refuerzo con el personal que había ya contratado.
Ahora, en marzo, cuando ha llegado el momento de justificar la subvención europea, la consejería de Educación ha pedido a estos docentes una declaración para justificar que su sueldos están vinculados a estos fondos y es cuando se ha destapado el caos. Según denuncia Comisiones Obreras y ha podido constatar Radio Madrid a través de los afectados, el departamento que dirige Enrique Ossorio ha mandado esos papeles a docentes que no están en el programa financiado por Bruselas y cuyos contratos, por tanto, no pueden vincularse con estos fondos.
"El nuevo programa ha pasado a convertirse en una auténtica pesadilla"
"Ninguno de estos orientadores fue contratado de forma específica para poner en marcha estas unidades", asegura Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras, "y, peor aún, no todos los llamados a firmar están trabajando en este nuevo programa". La consejería de Educación reconoce a la SER que ha sido un error. Un portavoz de dicho departamento asegura que desde las direcciones de área territorial se pusieron en contacto con algunos docentes de manera equivocada pero que, en ningún caso, a estos profesionales no vinculados con estas unidades se les exigirá la declaración que exige el Ministerio de Educación. El error, explica este portavoz, está en proceso de subsanación. "El nuevo programa ha pasado a convertirse en una auténtica pesadilla", según Galvín.
Comisiones Obreras ha enviado escritos tanto a la consejería de Educación como al Ministerio que dirige Pilar Alegría para que aclaren todo este asunto. No solo por el problema de las contrataciones con cargo a los fondos europeos sino por esa declaración que los orientadores tendrán que firmar si quieren en su puesto de trabajo. Ese documento les conmina a cumplir con el reglamento comunitario que exige respeto al medio ambiente o no incurrir en fraude, corrupción o conflictos de interés. Aspectos que, según Comisiones Obreras, solo se pueden exigir a la administración: "El contenido del documento es absolutamente cuestionable porque la consejería de Educación pretende delegar en los profesionales la responsabilidad que le es absolutamente propia, que es la de la gestión correcta del dinero recibido", explica Galvín. En el caso de Madrid, para este curso, se han recibido más de dos millones trescientos mil euros.
La consejería que dirige Enrique Ossorio asegura que es obligatorio firmar ese documento y advierte de que si los interinos pagados con esos fondos se niegan a estampar su rúbrica, serán despedidos. Desde el Ministerio de Educación respaldan la idoneidad de la declaración exigida a estos docentes.
