Navarra asumirá la gestión del Ingreso Mínimo Vital desde el 1 de octubre
La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, dice que el acuerdo "supone un paso más en la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía"
La primera llamada del día con Mari Carmen Maeztu, consejera de DDSS sobre el traspaso del IMV (01/04/2022)
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Pamplona
La Junta de Transferencias entre la Administración del Estado y Navarra ha alcanzado este jueves un acuerdo para que la Comunidad foral asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital a partir del 1 de octubre. La presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han dado cuenta del acuerdo, aprobado por la unanimidad de los grupos parlamentarios.
María Chivite ha valorado que el acuerdo supone "un paso más en la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía, nuestra capacidad de gestión y autogobierno". Por su parte, Isabel Rodríguez ha destacado que la Comunidad foral asume la gestión del Ingreso Mínimo Vital "dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y desde el respeto al principio de solidaridad".
Desde el punto de vista de la gestión, el Ejecutivo foral ha informado de que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social, si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de la Seguridad Social con el sistema de información y gestión de prestaciones del departamento de Derechos Sociales. Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e Ingreso Mínimo Vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra.
A partir del 1 de octubre, el departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes.
Según los términos del acuerdo, con la asunción de la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, a Navarra le corresponderían en 2022, tomando como referencia un año completo, 48,35 millones de euros. Mientras tanto, en lo relativo al gasto, el informe explicita que se estima que el gasto anual pudiera estar en torno a los 41 millones de euros, teniendo en cuenta también, además de la propia prestación, que a lo largo del año puede haber nuevos reconocimientos y bajas. En el presupuesto de gasto de Renta Garantizada de 2022 del departamento de Derechos Sociales no está incluido el coste que supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Derechos Sociales asume la gestión del IMV
La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha detallado en la primera llamada del día que ahora mismo en Navarra perciben el IMV "un total 6.647 unidades perceptoras, que son un total de 17.600 personas beneficiarias, de los cuales, 7.383 menores se benefician de esta prestación". De las 6.647 unidades familiares, más de 6.000 "compatibilizan la recepción de la renta mínima garantizada y del Ingreso Mínimo Vital".
Maeztu ha explicado que durante la pandemia de COVID-19 se produjo un incremento del número de familias perceptoras de estas ayudas, "pero ese número ya había comenzado a disminuir". Navarra cerró 2021 con 13.000 unidades familiares perceptoras.
Segundo acuerdo de la Junta de Transferencias de esta legislatura
Se trata del segundo acuerdo alcanzado esta legislatura entre Navarra y el Estado en el seno de la Junta de Transferencias, después de que el pasado mes de junio se certificara también el traspaso de la competencia de la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral.
La transferencia de sanidad penitenciaria supuso la primera trasferencia de competencias que Navarra y el Estado han acordado después de 20 años, ya que el último acuerdo de la Junta de Transferencias se había firmado el 22 de febrero de 2001.