Procesados la alcaldesa de Velilla de San Antonio, un edil de Meco y la exinterventora de Torrejón de Ardoz
El juez Calama de la Audiencia Nacional dicta el auto para juzgar a 24 personas seis años después de la Operación Termyca, relacionada con la consultora CGI.
SER Henares
Alcalá de Henares
El 11 de julio del año 2016 varios coches patrulla de la Guardia Civil con una decena de agentes tomaron la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz y acordonaron el acceso al ayuntamiento. Un despliegue espectacular que sorprendió a los vecinos en el marco de la denominada Operación Termyca. Fue una acción simultánea en varios ayuntamientos de toda España, entre los que también se encontraban los de Velilla de San Antonio y Meco.
Coordinada por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, en la provincia de Tarragona, la investigación seguía una presunta trama de corrupción en la administración pública mediante la cual se habría intentado vulnerar la normativa legal para la adjudicación de contratos públicos a través de la empresa Efial Consultoría S.L. Una firma con la que trabajaron numerosos gobiernos municipales entre los años 2000 y 2015 cuando esta sociedad se había transformado ya en CGI (Consultoría en Gestión Innovadora S.L.)
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En un auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se dicta ahora después de varios años de instrucción el procesamiento de 24 personas. Entre ellas se encuentra quien fuera interventora del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Lucía Mora, la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, y el concejal de Conservación Urbana de Meco, Luis Gómez, encargado entonces del área de Hacienda. El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía para que formule escrito de acusación y solicite la apertura de juicio oral, o bien pida el sobreseimiento de la causa.
"Quiero arrastrar a estos hijos de puta"
La derivada madrileña de este caso se investigó, entre otros métodos, mediante pinchazos telefónicos que pusieron el foco sobre Lucía Mora, exinterventora del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Un año antes de la operación, en julio de 2015, Mora dialogaba con el representante de CGI para pedirle que se presentasen a un concurso público. "Necesito que os presentéis al concurso. Quiero arrastrar a estos hijos de puta. Ya me dirás porque los datos os los voy a dar yo, que he hecho el pliego". Unas declaraciones que, según la propia Mora en una entrevista concedida a El Confidencial, se referían al cambio de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Un concurso al que CGI, finalmente, no se llegó a presentar.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en un comunicado oficial, explicó que CGI fue contratada inicialmente en el año 2001 para la recaudación ejecutiva, y dice que el contrato fue rescindido en 2010.
La alcaldesa de Velilla, entre los procesados
En aquel despliegue policial del año 2016 la Guardia Civil también se incautó de documentación del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Allí, los agentes buscaban datos sobre la adjudicación y gestión del servicio de recaudación tributaria. El gobierno municipal dijo, entonces, que se investigaban hechos del año 2010 relacionados con la contratación de la empresa CGI, encargada de dicho servicio de recaudación. Un contrato que fue renovado en el año 2014 y que el ayuntamiento aseguró que sería modificado.
Además de Torrejón de Ardoz y Velilla de San Antonio, en la instrucción también figura el Ayuntamiento de Meco cuyo responsable de la concejalía de Hacienda en aquellos años, Luis Gómez - hoy concejal de Conservación Urbana - también figura entre los procesados. En Meco también se investigan aspectos relacionados con al recaudación.
En el auto emitido en las últimas horas, el juez Calama acusa a los procesados de participar, en connivencia con cargos políticos y altos funcionarios, en una trama para eludir la normativa legal en la adjudicación de contratos públicos. Actuaban, según el escrito judicial, como si fueran funcionarios públicos actuando como asesores de alcaldes y facturando por redactar bases de concursos transgrediendo principios de competencia y concurrencia, por lo que podrían haber incurrido en prevaricación administrativa. En concreto, por la obtención de adjudicaciones divididas en contratos menores para eludir el cumplimiento de la ley.
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Javier Galicia
Licenciado en Periodismo. En la antena de SER Henares desde el año 2001, en la actualidad es delegado...
