La Generalitat pide el pago de 3,2 millones de euros a los condenados por la visita del Papa a València en 2006

València

La Generalitat ha solicitado la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los integrantes de la trama Gürtel a hacer efectivas sus responsabilidades civiles, que ascienden a 3,2 millones de euros, por la contratación irregular de pantallas durante la visita del Papa en julio de 2006.

La directora general de relaciones con Les Corts, Ana Belén Domínguez, ha explicado que el escrito presentado ante la Audiencia Nacional pide la incoación ejecutoria de la sentencia de noviembre de 2020, donde los responsables de la trama fueron condenados por los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

Domínguez ha manifestado que esta decisión es fundamental “no solo para recobrar el dinero sustraído de las arcas públicas, sino también para recuperar la dignidad y la decencia de la Comunitat Valenciana”.

La sentencia condenó a Francisco Correa (13 años y 7 meses), Pablo Crespo (15 años y 5 meses), Álvaro Pérez (6 años y 9 meses), el exdirector de la Radio Televisión Pública valenciana Pedro García Gimeno (6 años y 9 meses) y al vicepresidente de la adjudicataria TECONSA José Luis Martínez Parra (11 años y 7 meses) junto con otras 14 personas más. La adjudicación a través de la Radio Televisión Valenciana por casi 7,5 millones de euros fue "claramente ilegal", según la Audiencia Nacional.

La resolución consideró probado que la trama se repartió el sobrecoste de 3,2 millones de euros de los contratos del evento obtenidos mediante adjudicaciones irregulares de contratos públicos, por ello la Generalitat ha decidido solicitar la ejecución provisional de la sentencia para aquellos condenados que no hayan recurrido la sentencia en casación.

Oficina de Recuperación de Activos

La directora general ha insistido en que el Consell “va a continuar emprendiendo todas las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos hurtados a los valencianos en casos de corrupción”, y ha recordado que, desde la llegada al gobierno del presidente Ximo Puig, la Oficina de Recuperación de Activos ha abierto más de 40 expedientes para promover acciones administrativas o judiciales en defensa de los intereses de los valencianos y valencianas y para obtener la restitución patrimonial en los casos de corrupción que lesionaron los intereses generales.

Domínguez ha destacado que la Oficina de Recuperación de Activos ha permitido que la Generalitat se haya personado “en asuntos de repercusión social y trascendencia económica tan importantes como el caso cooperación, el caso Emarsa, el caso Fitur o en las diferentes piezas que componen el caso Gürtel”.

Estas acciones han posibilitado que hasta el momento la Generalitat haya recuperado 7,3 millones de euros, y prevé recobrar más de 14 millones de euros teniendo en cuenta los expedientes de acciones administrativas o judiciales en marcha, según ha explicado la directora general.

Por último, Domínguez ha subrayado que el trabajo realizado por el Consell ha contribuido a que la Comunitat Valenciana haya pasado de ser “paradigma de la corrupción a paradigma de la decencia”, y ha mostrado su compromiso de seguir trabajando para seguir siendo un referente en iniciativas como la gigafactoría de baterías o la ayuda a personas refugiadas, y “evitar que vuelva el fantasma de la corrupción”, ha concluído.