Acuerdan el traslado de siete etarras a cárceles vascas, entre ellos, quien ordenó el secuestro de Ortega Lara
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que casi tres de cada cuatro presos etarras se encuentren ya en prisiones vascas y navarras y que los ocho traslados autorizados este miércoles sumen 16 asesinatos
bilbao
Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Justicia vasco han acordado el traslado a las cárceles de Euskadi de siete etarras, entre ellos el del exdirigente de ETA Juan Luis Aguirre, que ordenó el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Más información
Por estas dos muertes fue condenado a 60 años el etarra José Luis Barrios Martín, que, si bien no será trasladado al País Vasco, ingresará en la prisión de Pamplona desde la de Zuera, en Zaragoza.
Los siete presos que sí cumplirán lo que les reste de condena en alguna de las tres prisiones del País vasco, con las competencias penitenciarias asumidas desde el pasado octubre serán los siguientes:
Juan Luis Aguirre Lete, que dejará la cárcel de Soria. Fue condenado a 32 años de cárcel por ordenar el que resultó el secuestro más largo de ETA, el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien permaneció retenido 532 días entre 1996 y 1997.
Su nombre también se está investigando actualmente en la Audiencia Nacional para determinar si como miembro del comité ejecutivo de ETA en 1995 tomó la decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez.
Desde la cárcel de Logroño a otra del País Vasco será trasladado Iván Apaolaza Sancho, que ingresó en prisión en 2008 y fue condenado a 123 años de cárcel por su participación en el atentado mediante coche bomba en el que falleció el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, cometido en Madrid el 21 de enero de 2000.
Iván Apaolaza cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2033, ha aceptado la legalidad penitenciaria, ha reconocido el daño causado y ha pedido perdón por el sufrimiento provocado.
El tercer trasladado acordado este miércoles es el de Álvaro Juan Arri Pascual desde la prisión de Burgos. Exintegrante del comando Madrid de ETA ingresó en prisión en 2003 para cumplir el límite máximo de 30 años por varios asesinatos, estragos y atentados.
En junio de 2018 cumplió la tres cuartas partes de esa condena, y, tras haber aceptado la legalidad penitenciaria, en mayo de 2020 fue acercado desde Castellón a Burgos. Ahora, Prisiones ha resuelto su progresión a tercer grado y destaca que consta escrito de desvinculación de la actividad terrorista.
Entre otras acciones, fue condenado a 208 años de prisión por el atentado cometido en julio de 1994 en la plaza de Ramales de Madrid, en el que murieron el teniente general Francisco Veguillas y otras dos personas.
En segundo grado por decisión de la Secretaría General de Prisiones se mantendrá Garikoitz Arruarte Santa Cruz, que será traslado desde Pamplona. Fue condenado por tratar de atentar con dos maletas bomba en un tren en la estación de Chamartín (Madrid) en la Nochebuena de 2003.
Cumplió las tres cuartas partes de la pena en diciembre de 2018, rechazó la violencia y aceptó la legalidad penitenciaria, según informa Instituciones Penitenciarias.
Mikel Azurmendi suma el quinto traslado de los acordados hoy por ambas administraciones. Fue condenado por varios atentados, entre ellos el asesinato en 1998 del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril.
Además de este crimen, el exmiembro del comando Andalucía, fue condenado a 36 años por el asesinato en 1994 del teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera al estallar la bomba lapa colocada en su coche cuando conducía por la autovía de Extremadura.
Los últimos traslados corresponden a los reclusos etarras Idoia Mendizabal y Jon González, pareja y padres de un niño.
Mendizabal ingresó en prisión en 2010 y cumple una condena de 25 años por los delitos de pertenencia a banda armada, estragos, atentado, asesinato, incendio y depósito de armas y municiones. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en agosto de 2030.
Entre otras acciones, se le atribuye la participación en el atentado con bomba-lapa en 2002 contra el entonces dirigente de las Juventudes Socialistas Eduardo Madina, que le costó la amputación de una pierna.
Además, fue condenada por intentar matar en 2002 con un paquete-bomba a la entonces delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero, a quien le enviaron un paquete a su casa de Leioa (Bizkaia) que pudo ser desactivado.
Su pareja Jon González ingresó en prisión en 2011 y cumple condena de 25 años por los delitos de colaboración con banda armada, estragos, asesinato, terrorismo, detención ilegal, robo y hurto de vehículos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2030.
Entre otras acciones, González fue condenado por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra en febrero de 2002, a la ex teniente de alcalde de Portugalete (Bizkaia), del PSE, Esther Cabezudo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que casi tres de cada cuatro presos etarras se encuentren ya en prisiones vascas y navarras y que los ocho traslados autorizados este miércoles sumen 16 asesinatos