Política

Los diputados de Bildu, ERC y Junts exigen explicaciones al Ejecutivo tras ser espiados con Pegasus, un programa solo a la venta para Gobiernos

Los móviles de políticos como Pere Aragonès, Quim Torra, Artur Mas o Arnaldo Otegi fueron intervenidos por el sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar Gobiernos

Los acusados por el conocido como juicio del 'procés' / Pool (EUROPA PRESS)

Madrid

Continúa el revuelo político a raíz de la información publicada este domingo sobre el presunto espionaje contra numerosos miembros del entorno independista catalán, unas semanas antes de que arrancase el conocido como juicio del 'procés'. La indignación crece para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno de Carles Puigdemont, que fueron víctimas, junto a más de 60 líderes independentistas, del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar Gobiernos, según una información de The New Yorker.

Según este informe, entre los dirigentes víctimas de este programa también figuran el abogado de Puigdemont -Gonzalo Boyé-, y el del exvicepresidente Oriol Junqueras -Andreu Van den Eynde-, así como dirigentes de ERC, Junts, Bildu y la CUP y de entidades independentistas como Òmnium Cultural y la ANC.

Se trataría de 63 independentistas víctimas del programa Pegasus (más otros cuatro infectados con el virus Candinu, dos de ellos atacados con las dos herramientas a la vez), un programa de la empresa israelí NOS Group que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

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La información de The New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, ha indignado al independentismo catalán, hasta el punto de que Aragonès y su Govern en pleno comparecerán mañana martes por la tarde en el Palau de la Generalitat para valorar este "espionaje masivo" mientras que Puigdemont y Junqueras ofrecerán, junto a otros dirigentes, una rueda de prensa en el Parlamento Europeo para anunciar las medidas que adoptarán al respecto.

Según The Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la universidad de Toronto (Canadá), el teléfono de Aragonès fue infectado cuando era vicepresidente en el Govern liderado por Torra, quien a su vez fue víctima de Pegasus durante su mandato, mientras que en el caso de Artur Mas lo fue cuando ya había dejado la Generalitat.

Aragonès ha asegurado, en un hilo en Twitter, que la "masiva" operación de "espionaje" contra el independentismo catalán es una "vergüenza injustificable", ya que supone un "ataque extremadamente grave" a la democracia y a los derechos fundamentales y es "un ejemplo más" de la "represión contra un movimiento pacífico y cívico".

"Este programa de espionaje solo puede ser adquirido por los Estados. El Gobierno español tiene que dar explicaciones inmediatas y llegar hasta el final. Sin excusas. Espiar a representantes públicos, abogados o activistas de los derechos fundamentales civiles es una línea roja", ha insistido Aragonès, que afirmado que este caso "exige transparencia" y "asunción de responsabilidades" por parte del ejecutivo central.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española, ha considerado en Twitter que este supuesto espionaje es un "nuevo GAL, versión digital". "Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español para luchar contra una idea legítima", ha lamentado Puigdemont.

Según la publicación, los más estrechos colaboradores de Puigdemont han sido objetivo de este programa de espionaje, entre ellos su abogado, Gonzalo Boye, la concejal en Barcelona Elsa Artadi, el eurodiputado Toni Comín y su entorno de confianza, como Joan Matamala, Josep Rius, Sergi Miquel, Josep Costa y Josep Lluis Alay, además de la esposa del expresident, Marcela Topor.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de JxCAT, que también figura en la lista de objetivos de Pegasus, ha denunciado que este caso demuestra que a los independentistas les persiguen "por tierra, mar y aire". "Nos pegan cuando votamos, nos asedian judicialmente, nos encarcelan y ahora sabemos que también nos espían. Se ve que algunos fines justifican todos los medios", ha señalado.

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido, en declaraciones a Rac1, que los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles deberían comparecer en el Congreso de forma "inmediata" para dar explicaciones sobre este episodio, dado que de confirmarse el espionaje se trataría de "un delito gravísimo" cuyos responsables, ha añadido, "deberían ir a la cárcel".

Además, Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las instituciones europeas investigar a fondo el uso del programa de ciberespionaje Pegasus y ha instado al Gobierno español a aclarar si lo ha utilizado para hacer seguimiento de políticos, activistas y periodistas. Pegasus es una herramienta de ciberespionaje que infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

Citizen Lab subraya que este caso de espionaje al independentismo catalán es el de mayor envergadura hasta ahora analizado, ya que afecta a 65 personas, por encima de ataques como los dirigidos hacia periodistas de Al Jazeera (36 víctimas) o a disidentes en El Salvador (35 víctimas). Los casos revelados este lunes se suman a los ya conocidos que afectan al expresidente del Parlament y ahora conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y al actual líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall.

El 22 de octubre de 2020, el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona abrió diligencias para investigar el presunto espionaje a estos dos dirigentes independentistas, avalando así el criterio de la Fiscalía, aunque se opuso a investigar de momento al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, contra el que se querellaron los afectados.

Cuando salió a la luz pública el espionaje a Torrent y Maragall, el ministerio de Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil negaron ser clientes de la firma israelí, mientras que el CNI señaló que siempre actúa "con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente".

Desde Bildu aseguran que pondrán en marcha "todas las medidas políticas y jurídicas oportunas"

El diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu, que aparece en el listado de políticos independentistas espiados presuntamente por el software Pegasus, ha urgido este lunes cuentas al Gobierno: "Está tardando", denuncia.

"Mi nombre aparece en la lista de 65 personas espiadas con Pegasus. El Gobierno está tardando en aclarar este ataque masivo a la disidencia política y cesar a sus responsables inmediatamente", ha escrito Iñarritu en un comentario publicado su cuenta personal de Twitter y recogido por Europa Press.

Iñarritu figura junto al coordinador general del partido, Arnaldo Otegi, entre los más de 60 representantes independentistas presuntamente espiados en 2020 por Pegasus a través de la empresa israelí NSO Group, según una investigación publicada por 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab'.

De entrada, el diputado de la izquierda abertzale, además de exigir las correspondientes explicaciones al Ejecutivo, del que su partido es socio parlamentario, ya ha avanzado que tomará "todas" las medidas jurídicas y políticas oportunas ante estos hechos.

Interior niega cualquier relación con la empresa encargada del espionaje

Desde el Ministerio del Interior insisten en negar cualquier relación de esta cartera así como de la Policía Nacional o la Guardia Civil con la empresa israelí NSO relacionada con un presunto caso de espionaje a políticos independentistas.

"Por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios", apuntan fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que recuerdan que "todas las intervenciones de comunicaciones se hacen bajo orden judicial y pleno respeto a la legalidad".

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