El juez imputa a Medina el delito de alzamiento de bienes y le da tres días para pagar 891.000 euros de fianza
Adolfo Carretero estima todas las peticiones de las acusaciones en el caso del escándalo de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid
Madrid
El juez que investiga el contrato de 11 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid con la empresa Leno de Malasia para la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia mueve ficha. Adolfo Carretero ha ampliado la lista de delitos que atribuye al intermediario y comisionista de esta operación, Luis Medina, y le suma el de alzamiento de bienes.
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Dice el juez que ha quedado acreditado que vendió los bonos que compró con la comisión de un millón de euros que recibió por la operación y que lo hizo con posterioridad a la declaración que hizo en la sede de anticorrupción en abril de 2021. En el auto del juzgado, al que ha tenido acceso la Cadena SER, se pide información al punto neutro judicial, a la Agencia Tributaria y a las entidades bancarias en las que ha tenido cuentas el hijo de Naty Abascal para conocer su patrimonio dentro y fuera de España y poder seguir la trazabilidad del dinero.
El instructor también reclama al investigado la fianza por responsabilidad civil de 891.000 euros que solicitó la Fiscalía Anticorrupción y le da tres días de plazo para consignarla. Por último, envía un oficio al juzgado de Sevilla que tramita la herencia de la abuela del aristócrata para conocer en qué estado está el proceso y asegurar la parte que pudiera corresponder a Medina.
Investigación patrimonial
El juez ha ampliado la imputación de Medina porque considera que movió y ocultó patrimonio a partir del 13 de abril del 2021, que fue cuando ya había declarado en la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, ha abierto una investigación patrimonial, tanto de sus bienes aquí en España como en el extranjero, puesto que no se han podido encontrar bienes suficientes para consignar la citada fianza que le pedía la Anticorrupción. De este modo, Carretero estima todas las peticiones de las partes respecto a Medina, para asegurarle esa posible responsabilidad civil que podría recaerle en caso de que se confirmaran los supuestos delitos cometidos.
El auto detalla que "únicamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros de valor y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civiles de los presuntos delitos investigados", que en el caso de Medina ascienden a 1.216.984,33 euros".
Por esta razón, "le requiere para que preste fianza de 891.227,07 euros y en caso de no prestarla en el plazo de tres días, el embargo de todos sus bienes, muebles e inmuebles, sin perjuicio de que pueda ser ampliada en el caso de que no se logre garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniarias del otro investigado, dado el carácter solidario de la responsabilidad civil exdelito", reza el auto.
Anticorrupción presentó hace dos semanas una querella por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales contra los empresarios Alberto Luceño Cerón y Luis Medina, que en marzo de 2020 obtuvieron contratos del Ayuntamiento de Madrid para suministrar mascarillas, y otro tipo de material sanitario por 11,9 millones de euros.