El PSOE pide que Elena Collado sea imputada por malversación de caudales públicos

El PSOE, acusación popular en el caso del posible saqueo de las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid a cuenta de los contratos para material de protección contra la COVID en lo peor de la pandemia, ha presentado un escrito al juzgado número 47 que instruye el procedimiento, para reclamar al juez Adolfo Carretero que reconsidere la situación procesal de la alta funcionaria municipal, Elena Collado, y la cite a declarar como imputada por un delito de malversación el próximo 9 de mayo, en lugar de como testigo. En su escrito, por el que los socialistas responden a la solicitud del investigado Luis Medina de excluir al Ayuntamiento de Madrid del procedimiento porque no lo considera perjudicado, esta acusación popular esgrime que el perjuicio para el Consistorio está fuera de toda duda, pero hay que distinguir entre la institución y aquellos empleados o cargos públicos que hayan participado en la operación. En este sentido, el PSOE afirma que debe investigarse si las personas que intervinieron incurrieron en alguna responsabilidad penal favoreciendo a los comisionistas u obstaculizando la investigación, y ven necesario llevar a cabo una “exhaustiva investigación” de la participación de Elena Collado en los hechos, después de lo investigado hasta la fecha. Collado entró en aparente contradicción con el comisionista Luis Medina sobre la forma en que éste contactó con el Consistorio. Mientras el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria afirmó que el primo del alcalde Almeida le facilitó su contacto, la alta funcionaria dijo que “alguien” le proporcionó el teléfono del imputado. Además, al parecer repartió de forma arbitraria material sanitario donado por los comisionistas y mostró gran familiaridad en sus conversaciones por whatsapp con el supuesto líder de éstos, Alberto Luceño. Además, los socialistas recuerdan en su texto que en su alerta incial, en julio de 2020, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), calificó los hechos como un caso de malversación de caudales públicos. Una consideración que mantuvo el primer fiscal Anticorrupción que elevó consultas sobre los hechos a su jefatura, Conrado Saiz, pero que fue cambiada sin practicar una sola diligencia por el fiscal finalmente designado para el caso, Luis Rodríguez Sol, a estafa agravada, blanqueo y falsedad en documento. La acusación popular afirma que para “evitar la posible destrucción” de pruebas y la “confusión de intereses” entre el Ayuntamiento y las personas que participaron en los contratos, así como para garantizar el derecho a la defensa de éstas, Collado y el resto de cargos o empleados públicos deben ser citados como investigados y con una representación legal distinta a la que defienda a la institución.