La Fiscalía Anticorrupción toma declaración a Tomás Díaz Ayuso por la compra de mascarillas por parte de Madrid

Madrid

Tomás Díaz Ayuso declaró ante la Fiscalía Anticorrupción por las comisiones percibidas por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. El interrogatorio tuvo lugar el pasado 6 de abril, según ha podido confirmar la Cadena SER a través de otras fuentes jurídicas que nada tienen que ver con la Fiscalía Anticorrupción. Esta institución ni confirma ni desmiente la práctica de este interrogatorio dentro de las diligencias de investigación que mantiene abiertas desde que tuvo conocimiento.

El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que todas las negociaciones fueron legales y que su hermana no participó en ninguna de las fases de negociación del contrato. Es más, el propio Tomás aseguraba que la líder regional desconocía estas operaciones. Paralelamente a este interrogatorio, la Fiscalía Europea ha interrogado también al empresario Daniel Alcázar, propietario de la empresa Priviet Sportive S.L., compañía que trajo a España estos pedidos de material para la lucha contra la COVID-19.

La declaración de Tomás Díaz Ayuso, como ya adelantó la Cadena SER, se produce en el marco de la contratación durante la primera ola de la pandemia de la empresa Priviet Sportive para traer mascarillas a España por un montante total de 1,5 millones de euros. El interrogatorio al hermano de la líder regional coincidió con la toma de declaraciones al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. El responsable de la cartera sanitaria del Ejecutivo regional aseguró que las explicaciones ofrecidas al Ministerio Público no variaron de las que ofreció junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa.

La Comunidad de Madrid reconoció a finales de febrero que el hermano de la presidenta regional había realizado labores de intermediación, tareas por las que cobró alrededor de 283.000 euros en cuatro pagos de la empresa Priviet Sportive, aunque tan solo uno de los cuatro pagos (por un importe de 55.850 euros) se corresponde con el contrato que investiga la Fiscalía, según el Ejecutivo regional.