Alicante

La Plataforma por un Puerto Sostenible denuncia la impunidad con la que, aseguran, sigue contaminando el Puerto de Alicante, al que acusan de haber duplicado la actividad de carga y descarga de graneles contaminantes a cielo abierto, desde que se empezó a construir la nave cerrada. Y ello a pesar de la sentencia judicial que lo prohíbe desde 2018.

Para los vecinos es "una tomadura de pelo" que mientras la nave cerrada aún no está en funcionamiento, en el mismo muelle 17 se haya seguido con actividad de acopio al aire libre, en una zona apantallada, a pesar de la prohibición de trabajar fuera de la nave cerrada que establece la autorización de la Conselleria de Agricultura.

Y ese trabajo al aire libre no solo está pasando en el 17, dicen, sino también en los muelles 11 y 13 estas últimas semanas, actividad contaminante que se suma a la que se viene sucediendo durante los últimos cuatro años.

Según acreditan con imágenes en el muelle 11 hay un granelero de más de 250 metros de eslora trabajando con miles de toneladas al aire libre, mientras que en el 13 hay un cúmulo de material grisáceo que pudiera ser clinker, coke de petróleo o escoria de incineración, dicen; en definitiva, material tóxico al aire libre.

Por eso, han solicitado una reunión con la consellera del ramo, Mireia Mollà, y han presentado un recurso contencioso ante el TSJ contra la Conselleria, apelando tanto al Puerto de Alicante como a ésta a "a tomar cartas en el asunto", para que la Dirección General de Calidad Ambiental intervenga y no permita la actividad no autorizada de carga y descarga de graneles, según explica José Santamaría, presidente de la plataforma.

El Puerto alega que se respetan los controles de emisión

Desde el Puerto responden que la actividad de carga y descarga "no puede quedar paralizada" hasta la previsible puesta en marcha de esa nave cerrada, que el propio presidente, Julián López, anunció para finales de mayo.

Fuentes de la Autoridad Portuaria explican que, no obstante, cuando la nave esté ya operativa la mayoría del material se trasladará a ella, a excepción de aquel otro, como la biomasa, que por seguridad no puede tratarse en cerrado. Y alegan que se respetan las distancias y los controles de emisión establecidos en el Decreto de emisiones de 2018 y que vigilan no llegar a los niveles máximos permitidos.

Los vecinos confían en poder reunirse en los próximos días tanto con la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, como con el flamante presidente de la Autoridad Portuaria, Julián López, al que ya solicitaron una reunión por escrito hace un mes.