Salud Gil: "Es el incumplimiento flagrante de una sentencia del Supremo de este y los anteriores gobiernos"

María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas ha señalado hoy viernes en la CADENA SER que el anuncio del Gobierno de Canarias sobre la incorporación por parte del Gobierno de España al convenio de carreteras actual (de 2017 a 2027) de una adenda con los 407 millones de euros de la deuda que existía de la obra no ejecutada (del convenio de carreteras de 2012) que "ahora mismo lo del convenio de carreteras, teniendo en cuenta además que su origen es un incumplimiento flagrante de una sentencia del Tribunal Supremo que es finalista y no tiene posibilidad de ser recurrida es lo que menos preocupa al sector de los promotores y constructores de las islas. El propio gobierno, éste y el anterior están incumpliendo una sentencia del Supremo, menudo ejemplo."

Gil ha ironizado sobre el acuerdo entre ambas administraciones, regional y central y en ese sentido ha enfatizado "¿Qué acuerdo? Si llevan acordando cuatro o cinco años y nada. Esto es una cuestión muy recurrente. Nosotros, los empresarios, no le estamos prestando ninguna atención a esto, tenga en cuenta que en estos momentos que tenemos montón de presupuesto en casa y que no se está gastando. Tenga en cuenta que tenemos muchos proyectos que están supuestamente elaborándose y, supuestamente, saldrán antes de final de año a licitación. Nosotros ahora en lo que estamos concentrados y lo que nos preocupa de verdad es la subida de precios de las materias primas y la situación tan tremenda en la que las empresas de obra pública y privada se encuentran y todo lo que tenga que ver con sus empleos y la economía y la productividad. Esto solo tiene que ver con lo que se ha venido repitiendo".

Asimismo, la presidenta de los Constructores y Promotores de Las Palmas ha manifestado que "vamos a suponer que lo pusieran en la cuenta corriente hoy, ese dinero no llegaría hasta dentro de dos años, la burocracia nos come. Ahora nos tenemos que concentrar en el problema que tenemos en estos momentos, que es ejecutar lo que tenemos y resolver el problema que tenemos de la subida de precios y que es muy muy grave". En ese sentido añade "estamos hablando mucho de la obra pública pero no estamos citando la obra privada. Por lo menos en la obra pública hay normativa que podemos aplicar y podemos ampararnos y gestionar la revisión de los precios. Pero en las obras privadas es muy complicado porque no hay normativa, hay contratos privados, clientes privados y no se va a poder cumplir con los compromisos adquiridos. Eso es un problema grave porque ¿Cómo resolvemos? parando la obra o judicializando la relación entre cliente y promotores e inmobiliarias. La situación es tremenda y esto no tiene viso de cambiar, los suministradores, es decir hormigones y los cementos, ya están avisando a las empresas de la subida de precios y están notificando el incremento de precios que no está contemplado en ese 40% de incremento de costes de producción".

En lo que respecta a la posibilidad de la bajada de precios a medio plazo, Gil ha indicado que desde el sector "no contemplamos una bajada de precio. La energía está excluida de las revisiones de precio. Para calcular los costes para ver si hay derecho a revisar los precios no está incluida la energía, por lo tanto las industrias no pueden aplicar esa revisión".