Blackstone plantea subidas del alquiler de hasta el 60% a medio centenar de familias

Madrid

Laura y Antonio viven en un piso en Torrejón de Ardoz por el que pagan casi 742 euros al mes. Coincidiendo con la finalización de su contrato recibieron un burofax de su casero, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, en el que les planteaban una subida del alquiler de más del 60%, hasta los 1.176 euros, si querían renovar el contrato y seguir viviendo en su casa. Esta pareja es una de las 50 familias de Torrejón, Alcorcón y Vallecas, en la Comunidad de Madrid, que han recibido o tienen previsto recibir estas notificaciones de aumentos "abusivos" de sus alquileres y que se han organizado para negociar unas cuotas asumibles.

"Piden una renovación de los contratos que cumpla la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos], que son renovaciones a siete años más tres prorrogables, y que las subidas no tengan por qué existir, y si existen que sean unas subidas adaptadas al actual momento de subida de precios y de encarecimiento de la vida", explica a la Cadena SER Paula Villegas, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "A esto lo llamamos 'desahucios invisibles': te suben el alquiler o no te quieren renovar el contrato y te tienes que ir de tu casa igualmente", comenta.

Ni la estrategia que está siguiendo Blackstone a través de sus SOCIMIs Fidere y Testa ni la respuesta del Sindicato y los inquilinos son nuevas. Hace menos de un año más de 80 familias de los municipios de Torrejón y Tres Cantos y de los distritos de Carabanchel y Vallecas consiguieron que el fondo de inversión se sentara a negociar y aceptara renovar sus contratos de alquiler sin subidas abusivas y cumpliendo con la LAU. En aquella ocasión eran pisos de protección oficial sobre suelo público que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid habían vendido en 2013 a varios fondos de inversión.

Más allá de estos aumentos de los precios de los alquileres "abusivos" pero legales planteados al término de los contratos, el Sindicato denuncia que no se está cumpliendo con el tope a las subidas establecido a finales de marzo en el decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. En él, ante el incremento disparado del IPC, el Gobierno aprobó que los contratos que tuvieran que renovarse hasta el 30 de junio no se revalorizaran en función de ese índice, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que establece un máximo del 2%.

"Seguimos viendo a gente que nos viene con propuestas de subida del IPC, o que directamente se lo cobran a unos precios mucho más elevados. Y no es hasta que el Sindicato habla con los propietarios y les decimos que esto ahora mismo no se puede hacer, que se aprovechan un poco de ese desconocimiento o esa confusión que hay ahora en el aire", afirma Villegas. Precisamente una de las 60 enmiendas que el movimiento por el derecho a la vivienda ha presentado al proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno propone sustituir definitivamente el IPC por el IGC en las revisiones anuales del precio de los alquileres y evitar así "actualizaciones descontroladas".

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