La Generalitat asegura que el recurso contra el recorte del Tajo-Segura estará basado en "argumentos técnicos del orden hidrológico" y no en una "decisión política"

Alicante

La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante continúan trabajando en la redacción de sus respectivos recursos al Tribunal Supremo contra la aprobación del proyecto del Plan Hidrológico del Tajo que supondrá la reducción en 105 hectómetros cúbicos anuales del trasvase Tajo - Segura para la provincia de Alicante.

Su entrada en vigor definitiva podría alargarse entre dos y tres meses. Tras la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, el proyecto deberá pasar por el Consejo Nacional del Agua, y tras ello ser aprobado por el Consejo de Ministros en forma de Real Decreto. En ese momento, se publicará en el BOE y ahí se abrirá un periodo de dos meses para presentar esos recursos.

El secretario autonómico de Agricultura de la Generalitat, Roger Llanes, señala que la reducción de los 105 hectómetros cúbicos va a tener unos efectos socioeconómicos demoledores con la pérdida de hasta 12.000 hectáreas de regadío en toda la zona del Levante y un aumento sustancial del paro.

Recuerda que el Consell ya ha presentado 40 recursos ante los tribunales para defender los intereses de los regantes alicantinos y considera que cuentan con unas bases muy sólidas en esta batalla jurídica.

Llanes asegura que el recurso no estará basado en una "decisión política" sino en unos "argumentos técnicos del orden hidrológico" con una fuerte componente en las pérdidas económicas y del tejido productivo alicantino.

Roger Llanes achaca esta reducción en el Tajo-Segura, en primer lugar, por las reglas del trasvase que se modificaron en el año 2014 y que obligan a disponer de unos caudales ecológicos.

Señala que el mayor problema que tiene el Tajo a su paso por Aranjuez es la infame calidad de sus aguas, que llegan del Jarama sin depurar. "Esto ha supuesto la disposición de un caudal ecológico excesivo que no va a solucionar nada" lamenta. Por ello, exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid que "haga sus deberes" en cuanto a la depuración de sus aguas.

Por su parte, la Diputación de Alicante basará su recurso en un peritaje del Instituto del Agua y Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante para conocer cuáles son los efectos socioeconómicos y ambientales que el trasvase provocará en la provincia.

El director del Instituto, Joaquín Melgarejo, estima que la reducción del trasvase significará una merma de 6.000 hectáreas de regadío en la provincia así como una subida de las tarifas del agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que afectará a los domicilios, a la industria y al turismo.

Melgarejo asegura que se trata de una cuestión "ideológica y política" que no tiene "ningún fundamento ambiental, social y económico".