Jaén

Radio Jaén ha tenido acceso al escrito que argumenta el recurso de apelación que la Fiscalía de Jaén interpuso tras el archivo de la pieza separada del caso Matinsreg. Entre los argumentos del fiscal Carlos Rueda, se observa la posible existencia de delitos de prevariación y malversación de caudales públicos en las actuaciones de los inicialmente investigados, entre ellos el exalcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya o los exconcejales Miguel Ángel García Anguita o Manuel del Moral, los dos últimos condenados ya en la primera causa.

Llama la atención la insistencia del fiscal jefe en resaltar que en esta causa ya se habían practicado diligencias, a diferencia de los precedentes en los que se basa el Juez instructor que archivó el caso. En ellas se observan, además, indicios muy claros de criminalidad contra los investigados existiendo también, y según se señala en el escrito, "una petición en tiempo y forma del Ministerio Fiscal para que se les recibiera declaración".

Fernández de Moya

Carlos Rueda también indica en su informe los argumentos que demuestran, en su opinión, que en el examen de las diligencias practicadas se constata que el que fuera alcalde de Jaén por el PP, José Enrique Fernández de Moya, validó 22 decretos de obras de mantenimiento o conservación de edificios municipales que indiciariamente constituyen un fraccionamiento de los contratos que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público, que impide encargos que superen los 50.000 euros. En total, la cantidad facturada por las empresas SOTOVAL Y VIVARIA sería de 587.166 euros la primera y 144.896 la segunda.

De igual modo, el escrito del Fiscal detalla que el exconcejal de Mantenimiento Urbano en la misma época, Manuel del Moral, habría encargado de forma directa obras de mantenimiento en Jaén a la empresa ESATRIMO que presentó en el Ayuntamiento 24 facturas por un importe total de 594.055 euros, sin seguir el procedimiento legalmente establecido en la ley anteriormente mencionada. El mismo edil protagonista eludió el proceso legal con otras 52 facturas de la empresa URHO, Iniciativas para el desarrollo urbano SL que alcanzaban un importe total de 1.574.868 euros. También se han detallado otras 13 facturas sin procedimiento de adjudicación alguno a la empresa RENTA BARA SL por un importe de 411.780 euros, 134.504 euros en 13 facturas de la empresa OPROLER y 15 facturas de la empresa ABECONSA también de obras encargadas por Del Moral.

Del otro concejal del momento, Miguel Ángel García Anguita, exteniente alcalde, el Fiscal detalla que en las investigaciones de las diligencias se observan 7 facturas por un importe de 174.004 euros en 7 facturas distintas, unos trabajos que se realizaron eludiendo también el procedimiento establecido por la ley. En total, serían 146 facturas por un importe de 2012 a 2015 de 3.844.938 euros.

Según añade el jefe de la Fiscalía provincial de Jaén, de todos estos hechos que constan en las actuaciones con su documentación correspondiente se acredita indiciariamente la posible existencia de los delitos de prevaricación a través de los documentos que demuestran los encargos directos realizados a las empresas por los concejales, los reparos de legalidad levantados, los pagos efectuados después por las mercantiles a José Merino Acer, intermediario que les consiguió los contratos irregulares y que después percibió de todas las empresas unas determinadas cantidades de dinero correspondientes al parecer a la comisión. Por ello, estos hechos serían, según Rueda, constitutivos de delitos de prevaricación administrativa.

También de otro delito, el de malversación de caudales públicos, dice el Fiscal que podrían ser constitutivos también los resultados del detallado y exhaustivo estudio de las facturas que las mercantiles presentaron en el Ayuntamiento por las obras realizadas y que demuestran, según la Instrucción, un incremento de algunos conceptos para obtener unos beneficios ilícitos a cargo de los fondos municipales. El informe del Juez señalaba en su día trabajo, servicios y materiales trabajados pero facturados en exceso (jornadas y equipos de trabajo, materiales, toneladas de arena,...) y otros facturados pero que no fueron acreditados de haberse realizado (porte de vallas, jornadas de señalización, horas de rulo...), con un sobrecoste total calculado de 2.674.196 euros.

Por todo esto, el fiscal jefe pide a la Audiencia que deje sin efecto el auto de archivo emitido en marzo por el Juzgado de Instrucción y que se le remitan de nuevo las actuaciones para continuar con la tramitación de la causa para poner la imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados y recibirles declaración.