La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia de Sevilla que ordene el ingreso en prisión de Griñán
Será la Sección Primera la que decida al respecto
Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción, en línea con su postura procesal durante toda la investigación y el juicio de los ERE, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que ejecute la sentencia firme del Supremo y, por tanto, que ordene el ingreso en prisión de los condenados a penas de cárcel, como es el caso del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y también el caso de los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Todos ellos cumplirán condena por un delito de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación
Anticorrupción se opone a la suspensión de las penas que han pedido las defensas mientras se tramita el indulto que han solicitado al Gobierno. La Sección Primera tendrá que decidir sobre el momento del ingreso en prisión de estos condenados y resolverá al respecto después de escuchar tanto a los condenados como a las acusaciones. De hecho, el PP no ha presentado todavía este viernes su informe.
También están condenados por malversación dos ex viceconsejeros y dos exdirectores generales.
El Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a Griñán a seis años de cárcel con el voto particular de dos magistradas, que no apreciaron el delito de malversación. La mayoría del Tribunal, sin embargo, determinó que el expresidente tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban produciendo en la concesión y el pago de las ayudas a empresas, "haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara".Él y los demás condenados, según los magistrados, idearon "un sistema fraudulento" que permitió repartir 680 millones de euros entre 2000 y 2009 para ayudar a empresas que supuestamente estaban en crisis.
Los magistrados creen que su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, debió entregarle los informes de la Intervención que alertaban del procedimiento inadecuado de concesión de las ayudas. Informes que hablaban de "una actuación palmariamente ilegal, fueron reiterados y contenían una información altamente preocupante y suficientemente precisa del despilfarro de los fondos públicos, pese a lo cual las partidas presupuestarias ilegales e siguieron aprobando año a año de forma contumaz".
Las ayudas de los ERE las aprobaba un director General de Empleo, a pesar de que debía hacerlo el consejero. Y las pagaba otra consejería, Innovación, de quien dependía la agencia IDEA. De esta manera se prescindió durante una década de la fiscalización previa del gasto porque IDEA no veía los expedientes de Empleo, se limitaba a pagar, aunque las transferencias de financiación solo podía usarlas para equilibrar su cuenta de ingresos y gastos.
La mayoría de los expedientes de concesión ni siquiera existían, se otorgaron con una simple nota, sin memoria justificativa sin resolución motivada sin compromiso de seguimiento y con el compromiso de que la Junta pagaba un dinero, en muchos casos en prejubilaciones, que debían corresponder al empresario.
Incidente de nulidad ante el Supremo
El expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez están condenados solo a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación, por participar en la elaboración de un sistema prevaricador de concesión de ayudas que facilitó el delito de malversación. Ellos permitieron la concesión de las ayudas a sabiendas de que las aprobaban a través de un instrumento jurídico ilegal y con la finalidad de eludir el control previo de la Intervención de la Junta.
José Antonio Griñán y otros tienen presentado un incidente de nulidad ante el Supremo y cuando se resuelva, si es contrario a sus intereses, acudirán también al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Entrevista a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta
12:44
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