Seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves por los ERE de Andalucía

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido condenar a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El primero ha sido condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación en concurso, y el segundo a nueve años de inhabilitación por prevaricación por el caso de los ERE de Andalucía. La sentencia de la Audiencia de Sevilla impone diez condenas de cárcel y nueve de inhabilitación, absolviendo completamente a dos personas: Francisco del Río (exjefe del gabinete jurídico de la Junta) y Manuel Gómez (exinternventor general de la Junta). Los documentos difundidos hasta ahora por el Tribunal Superior de Andalucía tampoco se pronuncian sobre esa petición de la Fiscalía de que, entre todos, pagaran 741 millones de euros. La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo y por tanto los condenados a prisión no tendrán que entrar obligatoriamente aún en la cárcel si no se ejecuta hasta que haya sentencia firme. Los acusados han recibido la resolución, firmada esta mañana, en la sede de la Audiencia Provincial entrando en la sala uno por uno y por orden alfabético según informa Radio Sevilla, recibiendo un pen drive de doce megas cada uno. La sentencia, tal y como informa a esta hora Mercedes Díaz, asume la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. La Junta, según la sentencia, «utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional» para dar ayudas sociolaborales. Tanto Chaves como Griñán, dice la sentencia, estaban al tanto de la irregularidad del proceso. La sentencia explica que «la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos» en la concesión de estas ayudas. Añade además la resolución que el «denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas empresas, debido al uso de las transferencias de financiación, fue la falta de fiscalización». Es la decisión que ha tomado la Audiencia de Sevilla después de estudiar más de catorce mil folios de sumario y después de celebrar un total de 152 sesiones de juicio oral con 21 personas en el banquillo. La Fiscalía pidió condenas de hasta ocho años de cárcel para los acusados por delitos de malversación y prevaricación, cifrando en 741 millones de euros la cantidad de dinero entregada en ayudas sociolaborales y de empleo de forma fraudulenta, sin pasar por los preceptivos controles. En el caso de José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013 y ministro de Sanidad y Trabajo con Felipe González entre 1992 y 1996, la Fiscalía pedía seis años de cárcel y un total de 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación, además de la obligación de pagar 42,1 millones de euros. En el caso de Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009 y ministro en los ejecutivos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, la petición era de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves por los ERE de Andalucía

Griñán es condenado por prevaricación en concurso por malversación y Chaves, por prevaricación

El "denominador común" de la concesión de ayudas fue "la falta de fiscalización"

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