El calvario de los afectados por pisos 'okupa': "Hay mafias que actúan con total impunidad"

Málaga

La ocupación ilegal de viviendas es una de los principales problemas a los que se enfrentan muchos ayuntamientos. Los vecinos (algunos propietarios de pisos ocupados de forma ilegal y otros perjudicados porque residen en un edificio donde se han producido ocupaciones fuera de la ley) son los que padecen el problema en primera persona. Una plataforma, con tres años de vida en España, muestra su indignación ante la "absoluta indefensión en la que nos encontrados los perjudicados directamente por esta situación", así lo relata en la SER el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo. A falta de tres meses para las próximas elecciones municipales han elaborado un decálogo para exigir "ser escuchados y que se tomen medidas desde los ayuntamientos".

Esta guía con 56 medidas está dirigida tanto a las actuales corporaciones locales como las resultantes tras los comicios del próximo 28 de mayo. Los propios afectados han sido los encargados de registrarlas en más de 400 ayuntamientos de toda la geografía española, tanto en ámbito rural como en las grandes ciudades, que han sufrido o sufren la ocupación e inquiocupación.

Esta guía ha sido publicada además en la web de la Plataforma www.leyantiocupas.com desde donde cualquier afectado puede descargarlo y presentarlo en su municipio. Las medidas se agrupan en áreas de actuación que incluyen a la policía local o municipal, los servicios sociales, la gerencias de urbanismo, las áreas de padrón, vivienda y promoción del alquiler en cada una de las localidades e incluso propone pautas para la intervención en zonas tensionadas por la ocupación 'mafiosa'.

Las medidas que proponen

Las 56 propuestas dirigidas a los políticos de cualquier partido e ideología, están basadas en la experiencia recogida de cada una de las familias que sufren la ocupación. "Familias desamparadas por una ley que ignora a quienes padecen directamente la convivencia con mafias ocupas, y en algunos casos 'narcopisos', en sus comunidades, y que sin ser propietarios de las viviendas ocupadas, tienen que asumir graves problemas de convivencia, la inacción de la propiedad y el interés de las administraciones públicas en arrebatar esas viviendas sin depurar a los ocupas que coaccionan, intimidan y provocan que sus casas se conviertan en cárceles", tal como explica Ricardo Bravo.

Igualmente se recoge una serie de medidas para intervenir y paliar las consecuencias de las familias que sufren la inquiocupación, un tipo de ocupación ligada a la aprobación del RD 11/2020 que evita al mismo nivel los desahucios hipotecarios y los de falsos vulnerables sin título legal del uso de la vivienda. "Los vagos dictámenes de los servicios sociales para redactar miles de informes de vulnerabilidad (actual salvoconducto para ocupar) suponen millones de euros del erario público destinado a familias que bajo el mantra de ser 'posibles vulnerables', esquilman los recursos de todos, pero en concreto de los afectados por la inquiocupación", explica Bravo. Sin embargo, las consecuencias de este decreto recaen sobre familias de clase media-baja, que lejos de incluirse en el concepto de rentistas o especuladores tienen que asumir, sin su consentimiento, la inquiocupación de su vivienda por familias vulnerables o “falsos vulnerables”, pero también el pago de los suministros, y en muchas ocasiones los destrozos provocados por sus inquiocupas, ante una ley lenta y poco eficaz.

Las medidas, en su conjunto, engloban acciones preventivas para evitar la comisión del delito, pero también fórmulas para mejorar la eficiencia y eficacia de las competencias locales para afrontar la ocupación e inquiocupación, y, por último, se solicitan "medidas para paliar las consecuencias en los grandes olvidados del problema: las víctimas", concluye los afectados. Sin que existan datos oficiales, la cifra más aproximada de viviendas ocupadas ilegalmente en España asciende a unas cien mil, aunque esta plataforma deja claro que no disponen de un censo claro al respecto por la poca transparencia con la que se aborda este asunto. ç

El caso concreto de Málaga

Málaga es una de las provincia españolas donde la ocupación ilegal de viviendas ha ido en incremento en los últimos años. "Se han detectados casos en municipios del litoral malagueña con puntos donde existen urbanizaciones completas donde residen ocupas de forma complementa ilegal. Y se da el caso de viviendas en Marbella donde además hay 'ocupaciones lujosas' ya que aprovechan que hay segundas residencias cuyos propietarios no vuelven a estas casas en largos periodos de tiempo y claro resulta que viven mejor que los dueños de esas casas", explica Bravo. La entrevista, al completo, ya se puede escuchar en la parte superior de esta información.