El trámite que garantiza una financiación de 230 millones de euros para el acelerador de partículas de Granada

Granada

La decisión del consejo de ministros de este martes de aprobar un nuevo presupuesto con 22 millones de euros adicionales para el Consorcio IFMIF-DONES España, lo que la Junta de Andalucía complementará con otra cantidad similar, supone garantizar una financiación total de 230 millones para el proyecto del acelerador de partículas de Granada para los próximos cuatro años. Así lo ha explicado a Radio Granada el director del consorcio, Ángel Ibarra. Este paso del Gobierno de España supondrá poder firmar de inmediato una adenda al convenio entre las dos administraciones, algo fundamental que garantiza, a medio plazo, una financiación total para los próximos cuatro años de 230 millones de euros, gracias a los fondos FEDER que también el Gobierno y la Junta destinarán al acelerador.

Las obras del edificio UGR-DONES, de la Universidad de Granada, están a punto de acabar. A lo largo del 2024, terminarán las obras de los edificios auxiliares del acelerador, y llegará la primera máquina (un prototipo de pruebas para evitar futuros problemas). Mientras la comunidad internacional presiona para acelerar los plazos y hasta para optar por construir no uno, sino dos aceleradores en Granada.

El consorcio, que ahora cuenta con 12 trabajadores, llegará en enero a unos 30 y terminará el próximo año con 60. Una mayor plantilla y la financiación asegurada permitirá a la institución contratar los primeros prototipos para el acelerador y aprobar los proyectos de construcción del edificio principal, para inciar las obras en 2025. Continúan, de forma paralela, las conversaciones para la incorporación de nuevos socios internacionales.

La participación en el acelerador de la Unión Europea podría cerrarse en abril próximo. Se espera para esa fecha también la confirmación de Japón y varios países más. Además, también se estudia con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía una cuarta vía de financiación: los proyectos para garantizar financiación a empresas españolas con encargos concretos de materiales y prototipos para el proyecto dentro de un proceso denominado “compra pública de innovación”.