Comienza el juicio a la antigua cúpula de UGT-A por supuestamente desviar 40,7 millones
El juez sobreseyó el caso con respecto a Manuel Pastrana, histórico dirigente de UGT Andalucía, porque su estado de salud lo hace inimputable.
Imagen de archivo del ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, a su llegada para declarar como imputado ante el juez de Instrucción 9 de Sevilla / Raúl Caro (EFE)
Sevilla
Este lunes comienza en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el juicio a los antiguos responsables de UGT en Andalucía. Empieza con las cuestiones previas y terminará, según lo previsto, en junio. Ha pasado una década desde que la jueza Alaya ordenó el registro de la sede del sindicato. Anticorrupción entiende que la cúpula del sindicato andaluz desvió 40,7 millones de euros de subvenciones públicas.
En el banquillo se sentarán 15 personas, entre ellos el ex secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y otros tres ex responsables del sindicato entre 2009 y 2013 por supuestamente haber usado dinero de la Junta destinado a la formación para fines distintos. La Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos siete años de cárcel. En el banquillo se sentarán también diez empresarios, que eran proveedores del sindicato.
Manuel Pastrana, el histórico dirigente del sindicato en Andalucía, se quedó fuera de la causa porque su estado de salud lo convierte en inimputable.
El sistema que supuestamente diseñó el sindicato para defraudar a la administración consistía en ocultar los descuentos que le hacían sus proveedores en las facturas. Lo que se conocía como el "rápel". En otras ocasiones, según la Fiscalía, los proveedores confeccionaban facturas falsas para el sindicato, que no se correspondían con ningún servicio prestado y "que eran imputadas a programas subvencionados" por la Junta.
Otra forma de financiación irregular que usó UGT aquellos años fue ceder en usufructo sus locales a la empresa Soralpe, de la que el sindicato era socio único. Así también recibía dinero con cargo a subvenciones para el alquiler de las aulas donde se impartían los cursos de formación.
Entre los acusados están Federico Fresneda, ex secretario general de Administración, María Charpín, ex secretaria de Gestión Económica, Dolores Sánchez, responsable del departamento de Compras y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea.