La Guardia Civil registra la sede de UGT-A

La Guardia Civil también está registrando la sede social de las empresas Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, ubicada en Menéndez y Pelayo, y la sede social de Geosur Arquitectura y Urbanismo, en San Francisco Javier.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro en el marco de la causa judicial sobre el uso de fondos de formación que investiga la magistrada Mercedes Alaya.

Medio centenar de agentes registran desde las 10:30 horas todas las plantas de la sede regional de UGT-A. Ninguno de los trabajadores que estaba dentro del inmueble cuando ha llegado la Guardia Civil puede salir hasta que termine el registro, que podría durar aún varias horas. Los agentes están solicitando y recogiendo documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Fuentes sindicales han informado a Europa Press de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.

La Guardia Civil no prevé efectuar detenciones en el seno de esta operación llamada 'Cirene', ordenada por la jueza Mercedes Alaya en el marco de la investigación que instruye sobre el uso de fondos de formación por parte del sindicato.

También se está registrando la sede social de las empresas Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, ubicada en Menéndez y Pelayo, y la sede social de Geosur Arquitectura y Urbanismo, en San Francisco Javier.

La jueza Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.