La oficina antifraude analizará si "hay incompatibilidad" en la contratación del exviceconsejero de Salud de Andalucía

Málaga

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha indicado este miércoles que la Junta va a iniciar una "actuación informativa" de la contratación del que fuera viceconsejero de Salud hasta su dimisión, el pasado mes de diciembre, Miguel Ángel Guzmán, por la aseguradora privada Asisa y lo hará, como ha explicado "en base a la notoriedad y repercusión del asunto" para determinar "si el contrato es viable y no genera ningún tipo de choque competencial o si existe algún tipo de situación de incompatibilidad".

A pregunta de los periodistas durante la firma del convenio para la cesión de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Huelva, el consejero ha señalado en que conoció este caso "por los medios de comunicación" y ha explicado que su Consejería, dentro de sus competencias, "tiene que analizar los casos de incompatibilidad o de incumplimiento de las normas de incompatibilidad en altos cargos y exaltos cargos".

Al respecto, ha esgrimido que la actuación de la Junta de Andalucía se realiza en base a tres situaciones, por un lado, "si hay una consulta por parte de la persona afectada, no es el caso, porque no se ha producido consulta por parte de la persona afectada en la que nos solicita un informe sobre la compatibilidad de esa oferta laboral con la legislación vigente".

Por otro lado, "cuando se produce una denuncia por un tercero que denuncia una realidad del equipo, caso que tampoco se ha producido, no hemos recibido ninguna denuncia". Y en tercer lugar, "podemos iniciar una actuación informativa en base a la notoriedad de un asunto" y en este caso, "efectivamente, hay un hecho notorio", ya que "hay una contratación de un exalto cargo por una empresa privada que está teniendo mucha repercusión en medio y que entendemos que requiere de una actuación informativa que vamos a abrir y que va a suponer que analicemos la ley del año 2005 y la reforma del 2021".

"En estos momentos, como no se ha producido una petición de parte ni ninguna denuncia, la actuación la tenemos que limitar a los hechos que conocemos. Lo que conocemos en este momento es que hay un futuro contrato y la ley, tanto del 2005 como la 2021, dice que hay determinadas actuaciones que resultan incompatibles si se producen esos casos. Lo que vamos a hacer es determinar si en este caso se producen esas circunstancias o no", ha subrayado.

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En este sentido, Nieto ha señalado que lo que se va a estudiar es "si el contrato es viable y no genera ningún tipo de choque competencial o si existe algún tipo de situación de incompatibilidad con la actuación que se haya desempeñado previamente como alto cargo".

"No tenemos información en este momento que nos pueda decir ni una cosa ni la otra. Si le digo que vamos a trabajar en ello y que vamos a intentar que en el menor tiempo posible se pueda hacer público", ha añadido. En cuanto al anuncio realizado por Adelante Andalucía de denunciar el caso ante la Oficina Antifraude, el consejero ha señalado que "hay que estudiar si esa denuncia impide que desde la Consejería "se puede estudiar el caso o la competencia es exclusiva de dicha oficina".

"Hay que analizarlo porque ante la Consejería que yo dirijo nadie ha presentado ninguna denuncia, de ningún ámbito, ni un particular, ni un grupo parlamentario, ni un partido político ha presentado ninguna denuncia por tanto donde se ha hecho, donde se ha realizado en la Oficina Antifraude que es quien tiene las competencias en materia de sanción pero no las competencias en materia de investigación", ha explicado.

Así, el consejero ha subrayado que el mensaje que quiere lanzar el Gobierno andaluz es que "todo el mundo tenga la absoluta tranquilidad de que las normas se cumplen", toda vez que ha remarcado que el fin de la ley y de la Junta es que "ninguna persona aproveche su pertenencia a un gobierno para tener ninguna ventaja", pero que "el haber desarrollado algún puesto en el gobierno de la Junta signifique un castigo y que se le impida desarrollar una tarea profesional a cualquier persona porque eso lo que haría es que nadie quisiera tener ninguna relación de ningún tipo con el gobierno de la Junta".