Cáritas pide a las administraciones que moderen los precios de la vivienda
La mejora de algunos indicadores económicos no está poniendo freno al problema de las personas en riesgo de pobreza debido al aumento de los gastos habituales de las familias
Presentación del informe de Cáritas
Cáritas atendió en 2023 a casi 50.000 personas, una cifra similar a la del año anterior, y las personas en riesgo de pobreza, en torno al 37 por ciento, incluso aumentan casi dos puntos, pese a que en el último año mejoraron indicadores económicos como la bajada del desempleo.
Son datos recogidos en el informe presentado hoy por Cáritas, que pone el foco en el gran problema social que está ocasionando la subida de los precios, que dificulta la capacidad de las familias para asumir los gastos habituales y muchos más los imprevistos.
“Las rentas han subido, pero en proporción los precios han subido más, lo que disminuye el poder adquisitivo. Las rentas han subido, pero en proporción los precios han subido más, lo que disminuye el poder adquisitivo. Las familias que acuden a Cáritas no llegan a final de mes y tienen serias dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación o mantener la vivienda a una temperatura adecuada”, señala el informe.
A la subida de los precios de la alimentación, más los costes energéticos, se suman elevadas rentas para la vivienda que en barrios populares no bajan de 700 u 800 euros, según ha señalado Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas.
Por eso, ha pedido la intervención de las administraciones para que moderen estos precios y ha lamentado que las promesas en este sentido, sobre todo en periodo electoral, "no caigan en saco roto".
El informe también revela que las familias en mayor riesgo de pobreza están formadas por migrantes extracomunitarios, seguidas de las monoparentales o también familias hijos. Los equipos de atención en calle han detectado un incremento significativo de personas sin hogar, sobre todo de jóvenes migrantes.
Respecto a esto, Pérez de Ayala puso el acento en las personas en situación administrativa irregular y en el aumento en la atención a personas sin hogar que sufren con mayor dureza las condiciones de pobreza y exclusión.
El informe revela también que el riesgo de pobreza de las familias atendidas prevalece significativamente entre los migrantes extracomunitarios (67,53%), las familias monoparentales (66,10%), las familias con hijos (41,20%), los menores de 18 años (47,10%), las personas inactivas (47,60%), las personas con baja formación (47,73%) y las mujeres (39,03%).
