La Fiscalía desinfla el caso Astapa por la presunta corrupción político-económica en Estepona

En su escrito definitivo acusa a 37 procesados, pero solo pide penas efectivas de cárcel para dos de ellos entre las que no está la del exalcalde de Estepona Antonio Barrientos para quien rebaja la pena a una quinta parte de lo que pedía.

El tiempo ha sido implacable con este procedimiento. Han sido 16 años desde que comenzara el caso Astapa hasta que se ha celebrado el juicio en la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga en el que se han analizado hechos de hace dos décadas.

Y este es el principal motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción ha rebajado la pena que, inicialmente, pedía para los procesados. Retira los cargos a nueve de ellos y a todos aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Es el principal motivo, aunque no el único, porque la anulación de las escuchas y el desarrollo del juicio ha sido determinante para tumbar algunas acusaciones.

Por ejemplo, no queda probado que Barrientos y el resto de acusados recibieran regalos personales por favores urbanísticos, ni que las aportaciones económicas de promotoras al ayuntamiento para organizar eventos fueran por causas ilícitas en los convenios de planeamiento o que el entonces alcalde participara en la adjudicación irregular de contratos por obras y servicios o que existiera financiación irregular por parte de las constructoras al Partido Socialista y el Partido de Estepona que gobernaban en coalición en el momento de los hechos desde 2004 a 2007.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Sin embargo, en sus conclusiones finales, a las que ha tenido acceso SER Málaga, la Fiscalía Anticorrupción mantiene el relato principal de los hechos, es decir, que existía una trama en Estepona a través de la cual los promotores y constructores pagaban al consistorio por favores urbanísticos y que este dinero se destinaba a actividades del consistorio.

Mantiene los cargos para los principales acusados por fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, prevaricación urbanística, actividades profesionales prohibidas

Y pese a ello del total de acusados el ministerio público solo pide penas efectivas de prisión para José Flores y Manuel Reina, en su momento, jefe de gabinete del entonces alcalde y concejal de hacienda del consistorio en aquel entonces, para quienes pide dos años y medio de cárcel. La del excalde de Estepona, Antonio Barrientos, queda en dos de prisión.

El resto de las penas que alcanzan a los acusados van desde los seis meses a los dos años lo que, en la práctica general, supone que no pisarán la cárcel.

Además, la Fiscalía, que se ha quedado sola en la acusación penal, retira todas las demandas de pago a los procesados por los daños que hubieran podido ocasionar al consistorio de Estepona y deja esa actuación en manos del Ayuntamiento por vía civil.

A partir de ahora serán las defensas las que presentarán sus conclusiones definitivas, a partir del día 18 de junio las partes comenzarán a presentar sus informes definitivos tras lo cual los acusados tendrán derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.