Santiago Jiménez, viticultor y bodeguero: "Los viticultores no deben pagar ahora los platos rotos de una mala gestión del Consejo Regulador”

Córdoba

Santiago Jiménez, es el gerente del Lagar de Los Raigones. Sus viñas llevan cuatro generaciones plantadas en la Sierra de Montilla, el corazón de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Cada año ven cómo desaparecen nuevas hectáreas de viña en la zona, y cómo el cultivo se abandona por la falta de relevo generacional o de rentabilidad.

Su sector, el de las pequeñas bodegas, está representado en los órganos de gestión de la Denominación a través de su organización agraria, Asaja.

Hace unos días, los viticultores recibieron una carta del Consejo Regulador de la DO de Montilla-Moriles en la que les comunicaban que la comisión permanente y el pleno del Consejo Regulador, habían aprobado una derrama de 195.000 euros para hacer frente a las obligaciones de pago del consejo, con lo que eso se traducía en una subida del 130% en la cuota anual que pagan los viticultores por su pertenencia a la Denominación de Origen.

Pero no solo eso, sino que esa subida se había aprobado en el pleno del Consejo Regulador, con el voto favorable del representante de los pequeños productores.

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Los recibos se pusieron al cobro el 16 de septiembre, y tienen fecha de vencimiento de pago para el 14 de octubre. “Como están domiciliados, si no pagas te embargan” dice Jiménez.

Como pequeño productor no le ha quedado otro remedio que expresar su malestar ante la situación, y lo ha hecho mediante una carta que ha remitido en su nombre al presidente de Asaja, Fernando Adel, al que pide explicaciones de por qué el representante de la organización ha votado que sí a esa subida de cuotas.

En esa carta, que envía a título particular pero que ha recibido en las últimas semana el apoyo de otros viticultores, Jiménez expresa el descontento por la situación y lamenta que los pequeños vayan a volver a pagar "la mala gestión del consejo".

La situación se produce con el proceso electoral abierto en este organismo y meses después de la polémica suspensión de la Cata del Vino Montilla Moriles, que se justificó en la no recepción de las ayudas previstas por la Junta de Andalucía en los dos últimos años. Ese asunto aún no se ha resuelto de forma satisfactoria, aún continúa en trámite.

Según fuentes consultadas por Radio Córdoba, parte de esa derrama aprobada por el pleno del Consejo Regulador de Montilla-Moriles se autoriza para el pago de las nóminas del personal y otros conceptos de funcionamiento de la Denominación de Origen.

Jiménez sostiene que "los viticultores no tienen por qué pagar los platos rotos de una mala gestión del Consejo" y se sienten desoídos, abandonados, frente otros representantes del pleno, en el que se toman las decisiones que rigen a la denominación.

Ahora esperan que el consejo y los representantes de los viticultores se renueven "para dejar paso a savia nueva y para que haya alternancia y cambien cosas". Aunque estiman que antes de que finalice el mandato actual, se debería resolverse "el agujero en las cuentas del consejo".