El caso Astapa se cierra con 31 absueltos y 15 condenados a penas menores, entre ellos el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos

Málaga

El fallo ha sido leído esta mañana por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que se ha encargado del juicio de este asunto y llega 17 años después de que comenzara la investigación del caso Astapa.

La sentencia no recoge ni una sola pena efectiva de cárcel, descarta los delitos urbanísticos, la prevaricación, excepto en uno de los acusados y la malversación y centra las penas en delitos de cohecho por dar o recibir regalos en función del cargo sin contraprestación alguna, falsedad documental y blanqueo. La sala resuelve las condenas con penas menores de prisión que sustituye por multa, inhabilitación y suspensión de empleo o cargo público.

La sentencia, de más de tres mil folios, descarta, además, que se haya producido perjuicio alguno para el ayuntamiento de Estepona pese a que, a lo largo del procedimiento, se estimó en cerca de treinta millones de euros.

Entre los principales acusados, el que fuera teniente alcalde de Estepona, José Ignacio Crespo de Lucas, es condenado a seis meses de prisión, cuatro de inhabilitación y 15.000 euros de multa por cohecho pasivo y prevaricación, el Jefe del Gabinete de alcaldía, José Flores a cinco meses de suspensión de empleo o cargo público y 450 euros de multa por cohecho pasivo, quien fuera coordinador municipal de urbanismo Pedro López a 1,4 millones de euros de multa por blanqueo y cohecho, mientras que Francisco Zamorano, exconcejal socialista de Hacienda es sentenciado a cinco meses de suspensión y multa de 40.000 euros por cohecho pasivo es la misma pena que la Sala impone al exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos: No, contento no,pero luego ha quedado patente y claro que esto ha sido una verdadera aberración y atrocidad. Y ha quedado claro por la sentencia que el ayuntamiento, con lo que dije siempre, siempre se actuó en defensa de lo público. No ha habido condenas por prevaricación, o sea, por decisiones injustas. No ha habido condenas por malversación, o sea, no ha habido un perjuicio para el erario, para las arcas municipales. No se ha hablado, como se decía en un principio de un desfalco, ha quedado claro que no hay ni prevaricación, ni hay malversación. Lo único por lo que se me ha condenado es por cohecho pasivo, y como ustedes saben el cohecho impropio es por recibir algún regalo…haciendo un símil les diría que me habían condenado al paredón y después de todo lo habido, alguna colleja que le tenían que dar al alcalde”, ha declaro quien fue primer edil.

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Las principales condenas son monetarias a los cuatro sentenciados por blanqueo de capitales a los que impone multas que rozan los cuatro millones de euros.

A lo largo de todo el procedimiento la Fiscalía ha mantenido que, entre 2003 y 2008 cuando Estepona estaba gobernada por una coalición entre el PSOE y el Partido de Estepona (escisión de antiguos gilistas), existía en el ayuntamiento una caja B que se nutría de aportaciones de promotores inmobiliarios, a través de donaciones o patrocinios de actividades, a cambio de prebendas en los convenios urbanísticos municipales causando un perjuicio de 28 millones de euros a las arcas municipales.

Un dinero extra que, según la acusación, servía para nutrir tanto las arcas municipales, la de los partidos que gobernaban esta localidad y la de los responsables políticos encausados.

Este procedimiento de presunta corrupción político-urbanistica en Estepona llegó a tener 107 imputados en fase de investigación y 50 acusados en el escrito inicial de la Fiscalía que pedía más de 214 años de prisión para los procesados.

El juicio comenzó en enero de 2023, veinte años después de algunos de los hechos que se investigaron y el fallo descarta el presupuesto principal que armó el caso: ni hubo caja B en el Ayuntamiento de Estepona financiado por promotores ni prebendas urbanísticas ni financiación irregular de partidos, ni perjuicio al consistorio, sí hubo regalos que unos dieron y otros aceptaron en función del cargo, blanqueo de dinero por parte de algunos empresarios o falsedad en documento por parte de algunos responsables municipales.