Jueces, fiscales y abogados de Córdoba acusan a Bolaños de comprometer la separación de poderes

Córdoba

Jueces y fiscales no descartan ir a la huelga si el Ministerio de Justicia no rectifica su intención de cambiar las condiciones para acceder a la carrera judicial y conceder más poder a la fiscalía general del Estado. La decisión sobre ejercer o no medidas de presión más contundentes se tomará en las próximas horas, según varias organizaciones profesionales.

Este miércoles, cerca de 200 personas, entre operadoras jurídicos e incluso ciudadanos se han concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, secundando un paro de carácter nacional que lanza una advertencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Asociaciones profesionales del ámbito de la Justicia consideran que las reformas legislativas que quiere impulsar el Gobierno ponen en jaque la separación de poderes en nuestro país.

El magistrado Antonio Puntas, que ha ejercido como portavoz, ha puesto de relieve que "la independencia judicial está bajo amenaza por iniciativas legislativas como el proyecto de Ley de modificación de acceso a las carreras judicial y fiscal, que pretende rebajar la excelencia de conocimientos, eliminar contenido esencial e introduciendo pruebas subjetivas y más susceptibles de filtración". Igualmente, se oponen a la creación de un órgano de preparación de jueces y fiscales que dependa directamente del Gobierno, "por el riesgo de selección ideológica que ello supone".

Además, las organizaciones convocantes acusan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de "querer convertir en jueces y fiscales a 1.300 profesionales sustitutos sin realizarles ninguna prueba de actitud", lo cual, ha señalado Puntas, "choca frontalmente con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y suponiendo un grave perjuicio para los opositores más jóvenes, que se están sacrificando para cumplir su sueño".

Los operadores jurídicos rechazan, de igual forma, la intención del Gobierno de designar a la Fiscalía como encargada de las investigaciones de las causas penales, una función que hasta el momento ostentan los jueces. Tampoco aprueban el aumento de competencias que persigue el gobierno socialista por aumentar las competencias del Fiscal General del Estado —quien ostenta el cargo actualmente, Álvaro García Ortiz, se encuentra procesado por el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos—, una figura "nombrada a dedo por el Gobierno sin ningún filtro previo", ha recordado el magistrado Antonio Puntas.

Tememos que aumente la injerencia política en la investigación de causas de corrupción y que se siga tratando al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno. Se está olvidando que la independencia de la Justicia es un derecho de todos los ciudadanos

—  Manifiesto leído por las organizaciones convocantes.

"Estas reformas tienen lugar en un contexto muy grave", ha manifestado Puntas, "pues encontramos ataques continuos al poder judicial y una situación de descrédito de la Fiscalía, alentado todo por manifestaciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan"

Para los convocantes del paro, que ha tenido una duración de quince minutos, "el objetivo de estas reformas es debilitar al Poder Judicial en su función de contrapeso del poder político, convirtiéndolo en un ente maleable y sensible a las presiones mediáticas y políticas".

A esta concentración inédita, en la que los operadores jurídicos han recibido el aplauso de varios ciudadanos que se han sumado a sus reivindicaciones, han asistido también el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón; o los decanos de los Colegios de la Abogacía de Córdoba y Lucena, Carlos Arias y Manuel Egea, respectivamente.