El sector pesquero de la Costa Tropical al borde del paro por una norma “imposible de cumplir” sobre el nuevo control de capturas

Motril

El sector pesquero vuelve a enfrentarse a un nuevo sobresalto. La entrada en vigor del reglamento que obliga a declarar todas las capturas a través del Diario Electrónico de Pesca (DEA) está generando una fuerte preocupación entre los pescadores de la costa tropical, que denuncian que la normativa no se adapta a la realidad de la pesca artesanal y de litoral.

Así lo ha explicado Ignacio López, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, a Radio Motril, quien asegura que el problema no es el control en sí, sino la forma en la que se exige. “No pedimos que no haya control, pedimos que sea un control viable, que no nos exponga continuamente a sanciones por algo imposible de cumplir”, señala.

Desde el pasado día 10, los barcos están obligados a declarar todas las especies capturadas, desde el primer kilo, cuatro horas antes de la llegada a puerto. Hasta ahora, la declaración se realizaba una vez finalizada la jornada de pesca y solo para especies que superaban los 50 kilos. “Cuatro horas antes seguimos faenando y no sabemos qué especies ni qué cantidades vamos a tener”, explica López.

La nueva normativa supone una carga añadida para embarcaciones pequeñas, que pueden llevar a lonja hasta 25 especies distintas, algunas con apenas unos cientos de gramos. “El patrón es uno más de la tripulación, no hay personal dedicado solo a estas tareas. A veces tenemos que parar en la bocana del puerto para clasificar las capturas, con el riesgo que eso conlleva”, denuncia.

Desde el sector consideran que la medida no aporta beneficios reales ni a la sostenibilidad ni a la regeneración de las especies. “No entendemos qué se gana con declarar 400 gramos de lenguado antes de entrar a puerto, cuando ese dato se conoce exactamente al cerrar la venta”, apunta el patrón mayor.

Las organizaciones pesqueras han presentado alegaciones y propuestas alternativas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitando una excepcionalidad para la pesca de litoral, contemplada en el propio reglamento europeo. “Esta norma puede tener sentido para barcos que pasan más de 24 horas en el mar o faenan lejos de puerto, pero no para nosotros”, subraya López.

El Ministerio se ha comprometido a estudiar la situación y mantiene una reunión con el sector el próximo día 22. Mientras tanto, los inspectores han sido informados de las dificultades para aplicar la norma, aunque el temor a las sanciones persiste. Estas pueden alcanzar los 3.000 euros por infracción, con el riesgo añadido de perder ayudas como las destinadas a la parada biológica. “Un barco puede acumular 30.000 euros en sanciones sin quererlo”, advierte.

De no alcanzarse un acuerdo, el sector no descarta medidas más contundentes. “La gente está pensando en parar, porque no podemos asumir este riesgo”, afirma el patrón mayor, quien insiste en que la pesca artesanal necesita normas ajustadas a su realidad.

Hasta la reunión del día 22, los pescadores seguirán intentando cumplir la normativa “como puedan”, con la esperanza de que Bruselas y el Ministerio reconozcan la singularidad de la pesca de litoral y aprueben una prórroga que evite un nuevo golpe a un sector ya castigado.