Hay que topar los precios

Tras anunciar que en el último año ha logrado un 25% más de beneficios, nada menos que 1.729 millones de euros, Juan Roig ha dicho que estaría encantado de que el Gobierno bajase al 0% el IVA de los alimentos porque en breve se va a ver obligado a subir otra vez sus precios por la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Se va a ver obligado. Y los consumidores tenemos que confiar en que todas y cada una de esas nuevas subidas van a representar exactamente el mismo importe en el que se va a encarecer cada producto afectado como consecuencia del encarecimiento del transporte o la electricidad. Tenemos que creer a ciegas que no va a aprovechar la ocasión para añadir un céntimo más por aquí o medio euro más por allí.

La cosa es que en 2023, cuando el Gobierno había bajado el IVA de los alimentos básicos, Mercadona aumentó en otro 23% sus beneficios. Y en esa fecha, la bajada del IVA estaba condicionada a no subir los precios de los productos más allá de posibles subidas en sus costes. Así que tenemos que hacer otro acto de fe y creernos que en ninguno de esos alimentos con el IVA rebajado se produjo un aumento de márgenes.

Va a ser que no. El Gobierno tiene que huir del trilerismo fiscal y adoptar una medida que de verdad proteja a los consumidores ante subidas ABUSIVAS de precios. Sí, abusivas. Como las que se están produciendo desde el lunes de la semana pasada en las gasolineras, con un gasóleo que se ha encarecido ya en más de 40 céntimos de media pese a que lo que sale de los surtidores fue comprado antes de que empezase a subir el petróleo.

La única medida que puede proteger de verdad a los consumidores es la fijación de precios máximos. Precios máximos que sean revisados periódicamente, como acaba de hacer Croacia con los combustibles y cómo van a hacer también Hungría y México.

Renunciar a recaudar impuestos para maquillar las subidas de precios de los empresarios es una medida peligrosa. Porque con ella estamos renunciando a recaudar para financiar la sanidad, la educación, la dependencia, las carreteras… Son los empresarios los que tienen que renunciar a abusar con sus precios. Y como no lo van a hacer de forma voluntaria, hace falta que el Gobierno actúe.