El TSJA anula el decreto de Granada que limita los alojamientos turísticos

Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Granada en julio de 2024 para regular los usos turísticos de las viviendas al entender que no se ajusta a derecho y hace una lectura interpretativa del planeamiento urbanístico.La sentencia de la Sección Cuarta del alto tribunal, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso EFE, atiende el recurso presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AVITARGRANADA) contra la regulación del sector instada por el Ayuntamiento de la capital.El decreto municipal de junio de 2024, al que se han sumado otras innovaciones urbanísticas, sirvió de base par paralizar la concesión de licencias, una norma rechazada antes y después por AVITARGRANADA, que la consideró la más restrictiva de la país.Aunque en su momento esta asociación pidió medidas cautelares para frenar su aplicación, el TSJA las denegó.La sentencia del TSJA ha anulado el decreto municipal al considerar que el Ayuntamiento no estaba haciendo una interpretación del PGOU sino alterándolo para poder imponer restricciones a las viviendas de uso turístico, con exigencias propias del alojamiento hotelero.El alto tribunal ha apuntado que las facultades interpretativas del planeamiento son limitadas y que, cuando una supuesta interpretación añade, restringe o redefine obligaciones, usos o aprovechamientos, representa una revisión o modificación.AVITARGRANADA ha considerado que el decreto ahora anulado demuestra que el Ayuntamiento señala y demoniza al pequeño propietario granadino como responsable de la turistificación, de la tensión en los barrios y de la falta de vivienda, pero favorece a fondos de inversión.

Su presidente, Antonio Jesús Castillo, ha adelantado que el dictamen del TSJA abre ahora una vía de reclamaciones para los afectados que han visto canceladas, bloqueadas o frustradas sus licencias, registros, expedientes o explotaciones turísticas por la aplicación del acuerdo municipal.Ha añadido que, además, el colectivo lleva 30 meses esperando una reunión con la alcaldesa, Marifrán Carazo, a la que han vuelto a pedir diálogo frente a la "soberbia institucional".

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Granada, Enrique Catalina, ha recordado que el decreto se aprobó en pleno por unanimidad para el control de los alojamientos turísticos y ha adelantado que el equipo jurídico municipal trabaja ya para presentar un recurso contra el fallo del TSJA.aCatalina ha recordado que al decreto ahora anulado se sumó una innovación en 2025, actualmente en marcha, para limitar el alta de viviendas turísticas en los cuatro barrios que ahora superan el 10 % de presión turística residencial, desde el centro y el Realejo al Albaicín y Fígares.