La caída del decreto de la prórroga de los alquileres deja en el aire a miles de inquilinos en Málaga, uno de los mercados más tensionados de España

Málaga

La derogación en el Congreso del real decreto que buscaba prorrogar por dos años los contratos de alquiler, también tiene impacto en Málaga, una de las ciudades con el mercado del arrendamiento más tensionado del país. La norma decayó esta semana tras los votos en contra de PP, Vox y Junts. Su caída abre ahora un escenario de incertidumbre para muchas familias que se habían acogido a estas medidas o que afrontaban la finalización de sus contratos.

Rosario es una de ellas y ha pasado por el programa Hoy por Hoy Málaga. Tiene 69 años, vive sola en la zona de Camino Suárez y lleva de alquiler en su vivienda desde 1994. Cobra una pensión de 1.250 euros mensuales y paga 692 euros de alquiler, más de la mitad de sus ingresos. “No puedo pagar los alquileres que hay ahora en Málaga, de 1.200, 1.500 o incluso 3.000 euros. Es imposible”, explica.

Ante el vencimiento de su contrato, Rosario se acogió a la prórroga extraordinaria que establecía el decreto del Gobierno, solicitándola formalmente mediante burofax. Gracias a ello consiguió extender su contrato hasta marzo de 2027. Sin embargo, la caída de la norma ha generado un profundo temor. “Tengo miedo a represalias del propietario. Yo me he acogido a una ley que estaba en vigor, pero ahora no sé qué va a pasar”, lamenta.

Desde Facua Málaga, su responsable de servicios jurídicos, Susana Ranea, traslada un mensaje de tranquilidad a quienes, como Rosario, solicitaron la prórroga mientras la norma estuvo vigente. “La prórroga es obligatoria para el arrendador. Aunque el decreto haya decaído, quienes la solicitaron correctamente tienen su contrato prorrogado a todos los efectos. El casero no tiene que aceptar nada”, subraya. No obstante, reconoce que muchos propietarios podrían intentar llevar estos casos a los tribunales, generando aún más inseguridad.

Málaga vive una situación especialmente delicada. Aunque los precios del alquiler están muy por encima de la media nacional y el esfuerzo económico supera ampliamente el 30% recomendado por los organismos internacionales, según los datos que manejan las asociaciones de consumidores y diferentes portales inmobiliarios. A pesar de ello la ciudad no ha sido declarada oficialmente zona de mercado tensionado. “Cuando una persona destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, se está vulnerando el derecho a una vivienda digna. Y aquí hablamos de casos del 50% o más”, advierte Ranea.

El secretario provincial de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, ha denunciado también en la radio la falta de datos oficiales sobre alquileres y de políticas públicas eficaces. “Hoy el libre mercado no está dando respuesta al derecho a la vivienda. Personas con salarios o pensiones normales no pueden vivir en su propia ciudad”, señala e insiste en la necesidad de un parque público de vivienda en alquiler, con precios asequibles y de titularidad pública. Ya puedes escucharlo en el enlace.

Y es que la emergencia habitacional tiene muchas caras y no se limita a los contratos de alquiler tradicionales. Carmen, nombre ficticio para proteger su identidad, es una jubilada con problemas de salud que vive en una habitación por la que paga 420 euros al mes, con una pensión inferior a 500 euros. Comparte piso con otras personas, con contratos de apenas tres meses y sin apenas derechos. “El mes que viene no sé si podré pagar”, confiesa.

LOS JÓVENES Y EL ALQUILER

El problema de acceso a la vivienda en Málaga no afecta únicamente a inquilinos de larga duración o personas mayores. Los estudiantes universitarios son otro de los colectivos más expuestos a la subida de precios y a la precariedad del alquiler. Este miércoles, la Universidad de Málaga vuelve a situar la vivienda en el centro del debate con la mesa “Estudiantes en Málaga en busca de la vivienda perdida”, que se celebra a las seis de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Entre los participantes está Simón Ignacio Cárdenas, estudiante chileno del Máster en Estudios Avanzados en Trabajo Social, que llegó a Málaga el pasado otoño y se encontró con un mercado muy distinto al que conoció durante su etapa como estudiante Erasmus. En el curso 2022-2023 pagaba 275 euros por una habitación en El Palo, con todos los gastos incluidos; hoy, ese mismo alojamiento supera los 600 euros. Ante esta situación, participa en el programa intergeneracional de la UMA, que conecta a estudiantes con personas mayores que viven solas y ofrecen una habitación en su vivienda. “Ha sido un salvavidas”, señala.

También interviene Arianna Sansano, graduada en Bellas Artes y estudiante de máster en la UMA, que llegó a Málaga desde Ibiza hace cinco años. Desde entonces ha cambiado varias veces de vivienda, siempre en régimen de alquiler compartido. Comenzó pagando unos 250 euros por una habitación cerca de su facultad y ahora asegura que es casi imposible encontrar algo similar por menos de 400 euros. Además, denuncia el mal estado de algunas viviendas, con problemas estructurales y reparaciones precarias.

Inquilinos de larga duración, personas jubiladas y estudiantes comparten una misma dificultad: la falta de vivienda asequible en una ciudad donde los precios del alquiler superan la capacidad económica de buena parte de la población. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las políticas públicas de vivienda y la urgencia de medidas a corto y medio plazo.