El abogado de Íñigo López pide también el archivo del caso Oikos tras 4 años de instrucción

Huesca

El representante legal del jugador Íñigo López ha solicitado también a la jueza de Huesca que instruye el caso Oikos, de amaños en el fútbol profesional español, que rechace la petición de la fiscalía de una nueva prórroga de la instrucción de 6 meses y archive la causa tras 4 años de investigaciones que se han saldado ya con el sobreseimiento del caso respecto a una gran parte de los investigados, entre otros futbolistas y apostantes.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, este letrado, Juan Pablo Lerena, se suma a la petición de archivo formulada esta semana por el abogado de la empresa que ejecutó las obras de ampliación del campo de fútbol del Alcoraz, Pryobras, y del gerente de la misma, Jesús Sanagustín. En su escrito, critica el retraso de 8 meses en la ejecución de la prueba pericial solicitada en torno a la existencia de facturas falsas con las que se habrían financiado los supuestos amaños.

El abogado de Pryobras, Ricardo Orús, alega, además, que la prueba pericial solicitada es "innecesaria" a la luz de las manifestaciones y de las certificaciones entregadas al juzgado por el director de las obras de ampliación. El letrado de Íñigo López, investigado como presunto mediador en el pago de primas ilegales a los jugadores del Reus en 2017 para que vencieran al Valladolid y que el Huesca pudiera acceder a Primera División, señala que las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2018 contra un grupo de apostantes en el partido que disputaron ese año el Huesca y el Gimnástic de Tarragona, y que desde entonces la causa se ha ido ampliando a otros hechos no relacionados de una forma prospectiva y no justificada.

Lamenta, en relación a este punto, los "injustificables" intentos llevados a cabo por continuar ampliando la causa, como el presunto delito fiscal que se le imputó al Huesca por no presentar un modelo de declaración fiscal al que no estaba obligado, lo que motivó la retirada de esta imputación en concreto. Advierte este representante legal de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige justificar los motivos de las prórrogas de la instrucción y precisar el por qué no se han terminado las investigaciones, así como la relevancia de la prueba pendiente.

En este sentido, recuerda que la pericial alegada por la fiscalía se refiere a tres facturas por un valor aproximado de 40.000 euros y asegura desconocer la importancia y la relación de esta prueba con la causa abierta. "Se nos dirá que a buen seguro sirvió para generar dinero efectivo que, fuera de circuito, se utilizaría para amañar algún partido, por supuesto sin concretar ni el dinero, ni el partido, ni las personas corrompidas, ni fecha ni lugar", asegura Lerena, para quien "como tantas otras cosas que se nos han dicho ya, hemos tragado con ellas y luego no eran ciertas".

A su juicio, "lo que parece evidente es que no se trata de una diligencia de investigación ni necesaria ni relevante para la investigación", salvo que sea en realidad "una prospección o una causa general" contra los imputados.