La maraña y los retrasos del empleo público en el Gobierno de Aragón

Zaragoza

"Hay un deterioro continuo y progresivo de la tasa de temporalidad en el empleo público de Aragón". Son palabras del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, que ha presentado en las Cortes los informes de fiscalización de las Cuentas de la comunidad de los años 2021 y 2022.

Elevada tasa de temporalidad

Peña ha explicado que en 2022, de los 60.600 empleados públicos de la administración autonómica, la mitad eran temporales. El empeoramiento ha sido progresivo en los últimos años. "Pese a los esfuerzos realizados hemos constatado que ninguno de los procesos de estabilización aprobados ha reducido las elevadas tasas de temporalidad, que siguen aumentando de forma lenta y progresiva, pasando del 47% en 2018 al 49,5% del 2022".

Alfonso Peña añade que los plazos para acceder al empleo en la DGA son lentos. "En el ámbito de la administración general, la auditoría confirma que los plazos de estos procesos de acceso a la Función Pública superan de manera sistemática el máximo de tres años fijado en la normativa y se sitúan en un promedio de 4,2 años".

El presidente de la Cámara de Cuentas lamentaba, además, la falta de información en procesos para consolidar personal en la administración.

Unas 300 oposiciones pendientes

Fuentes del Gobierno de Aragón explican que, en estos momentos, hay pendientes dos procesos de estabilización de alrededor de 600 plazas. A esto, hay que sumar que hay oposiciones pendientes que datan de los años 2017 y 2018.

Estos dos procesos de estabilización son para la Administración General. 313 las aprobó el Consejo de Gobierno de finales de diciembre, a las que hay que sumar, además, 530 de reposición y otras 96 de promoción interna. Aparte están las ofertas de empleo en Sanidad y Educación, que llevan otros cauces. Pero no es el único proceso de estabilización que está vigente: hay otras 300 plazas que ya se aprobaron en el Gobierno de Lambán.

Por otra parte, hay unos 300 procesos de oposiciones pendientes, que fueron publicados - algunos hace 7 años - pero que nunca se han convocado. Es decir, que ni se abrió el proceso de inscripción. El gobierno actual ha aprobado una comisión con los sindicatos para agilizar estos procesos y contar, por ejemplo, con tribunales permanentes.

Protestas de STEPA

Es la respuesta y aclaración del Gobierno de Aragón tras las protestas que ha iniciado el sindicato STEPA, que hoy se han concentrado en la sede del Gobierno de Aragón.

Este sindicato de trabajadores denuncia que 200 interinos, con amplia experiencia, que se han ido al paro hoy, tras hacerse efectivo el macroconcurso de traslados de 1.050 funcionarios de carrera. Unas críticas que lanzan tanto al Gobierno actual como al anterior de Javier Lambán, y al resto de sindicatos. Las oposiciones, dicen, no se han planificado correctamente y, además, algunas convocatorias ya están caducadas.

Tampoco, critican, se ha dado la oportunidad de que alrededor de 150 temporales puedan consolidar su plaza, por concurso de méritos o por concurso - oposición, aunque no se oponen a este concurso de traslados. Este proceso viene del año 2022, cuando se sacaron 3.500 plazas de forma escalonada.

Desde Comisiones Obreras señalan en un comunicado que los más de 1.000 funcionarios y funcionarias de carrera que hoy toman posesión de sus destinos son personas que, tras superar un proceso selectivo, acumulan años de experiencia en la DGA y que han acreditado más méritos que cualquier otro aspirante. Tienen derecho a la movilidad, a la promoción y a la carrera administrativa.

Cambios organizativos

En el Consejo de Gobierno de la semana que viene, se aceptará la dimisión del director general de Función Pública y se nombrará uno nuevo, según informan fuentes del Gobierno de Aragón. Sobre las últimas destituciones, se van a cubrir de forma inmediata la dirección del Instituto Aragonés de Administración Pública y las dos jefaturas, que desdoblan el Servicio de Clasificación y Provisión. También se dará respuesta a la marcha de la jefa de Servicio de Régimen Jurídico.