Aragón Existe se opone a los proyectos de macroparques solares en Ribagorza y el Somontano

Aragón Existe se opone a los proyecto de macroparques solares en Ribagorza, concretamente el proyecto “Avejaruco Solar” en Secastilla y La Puebla de Castro, un proyecto que pretende cubrir 110 hectáreas de cultivos, una superficie equivalente a más de 100 campos de fútbol. La instalación cuenta con más de 85.000 módulos fotovoltaicos. Según Teruel Existe "el problema de este proyecto, más allá de su afectación paisajística y medioambiente, radica en que para su construcción se expropiará a sus vecinos los fértiles suelos agrícolas de dichas localidades. Esto afectará al principal sector económico y laboral que es el sector primario, produciendo más pérdidas que ganancias económicas en los municipios afectados".

Aragón Existe apoya a la plataforma “Ribagorza no se Vende”, una plataforma vecinal creada a raíz de la amenaza que está presentando alegaciones y acciones para frenar este macroproyecto de renovables. Dicha plataforma denuncia que el proyecto “Avejaruco Solar” forma parte del Grupo Ignis Equity Holdings, que plantea varios parques en otros municipios de Ribagorza y Somontano como Graus, Benabarre, Hoz y Costean, El Grado y Barbastro. También apoyan la posición de los Ayuntamientos de la Puebla de Castro (PSOE) y Secastilla (PP) que se oponen a dichos proyectos y tramitan sendas modificaciones de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) para que no se hagan realidad el proyecto fotovoltaico.

Por su parte, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe va a presentar sus propias alegaciones al proyecto “Avejaruco Solar”, apoyando a los vecinos de Secastilla y la Puebla de Castro. Los motivos de alegación son que se encuentran aves en peligro como el quebrantahuesos, el águila azor perdicera o el milano real. También se encuentran sus líneas de alta tensión en la red Natura 2000 y la ocupación injustificada de monte público. En dichas alegaciones también reflejan potenciales ilegalidades, como la ausencia de un estudio de impacto arqueológico y que el plazo de información pública es menor de los 30 días que exige la ley.