Ordenanzas fiscales: "benefician a los más ricos", dice la oposición

Zaragoza

Este martes en la comisión de Hacienda se debate la propuesta que ordenanzas fiscales que ha presentado el gobierno municipal y que son siempre la antesala del presupuesto municipal de 2026, que el grupo popular querría aprobar antes de acabar este año. Hoy por hoy Zaragoza ha ofrecido en el espacio Concejalas en Pleno la previa del debate de la comisión, donde la oposición ha matizado el proyecto del gobierno que ha aceptado propuestas de Vox.

La consejera de Hacienda, Blanca Solans, ha explicado que la tramitación de las ordenanzas fiscales ha sido esencial para consolidar los ingresos con los que el Ayuntamiento afrontará los gastos del próximo ejercicio. Ha recordado que el consistorio ha mantenido su compromiso de no incrementar los impuestos sobre los que tiene autonomía —IBI, IAE, ICIO, impuesto de vehículos y plusvalía— y ha subrayado que las tasas no son impuestos, sino instrumentos que garantizan la sostenibilidad de los servicios. También ha destacado la importancia de la Ley 7/2022, que obliga a los ayuntamientos a equiparar el coste real de los servicios de residuos y agua con el precio que pagan los contribuyentes. Según ha dicho, Zaragoza ha afrontado este debate con mayor solvencia que otras ciudades, gracias al consenso técnico y político alcanzado en años anteriores, y ha confiado en que el nuevo sistema permita hacer más eficiente la gestión sin perjudicar a los ciudadanos.

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Por su parte, la portavoz del Partido Socialista, Lola Ranera, ha acusado al gobierno del PP de haber pactado las ordenanzas “en un despacho con Vox”, dejando fuera del debate a la izquierda. Ranera ha afirmado que "las decisiones conjuntas entre ambos partidos siempre perjudican a las mujeres y a una parte de la ciudadanía, y ha vinculado este pacto con la eliminación de los puntos violetas y la falta de políticas de igualdad". Ranera ha señalado que el debate fiscal va más allá de subir o bajar impuestos y tiene que ver con garantizar los servicios públicos en una ciudad en crecimiento. Ha advertido que barrios como Rosales del Canal, Montecanal o Valdespartera, con más de 40.000 vecinos, siguen sin contar con los equipamientos prometidos y que mantener congelados los impuestos sin asegurar la inversión puede aumentar la frustración ciudadana.

Desde Vox, su portavoz Eva Torres ha defendido que su grupo "se ha opuesto sistemáticamente a cualquier subida de impuestos desde 2019 y que gracias a su presión el IBI se mantiene en el mínimo legal". Ha reivindicado que las principales rebajas fiscales, como las del ICIO, el IAE, la plusvalía o el impuesto de circulación, han sido propuestas impulsadas por su formación. Torres ha asegurado que el PSOE no garantizó los servicios públicos durante sus mandatos y que no actualizó las tasas ni siquiera con el IPC, lo que generó un déficit estructural. Sobre las tasas de agua y basura, ha reconocido un ajuste del 2,8% en línea con el IPC, necesario —ha dicho— para equilibrar el coste real del servicio.

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Finalmente, la concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha discrepado con la versión oficial del PP y Vox y ha afirmado que sí se están subiendo los impuestos “a todos los ciudadanos”, mientras se benefician “los que más tienen”. Ha señalado que el incremento real de las tasas supera el 3,5% en la mayoría de tramos, y ha criticado especialmente la bonificación del 95% en herencias de un segundo inmueble, que ha calificado de medida “clasista” y favorable a las clases medias-altas. Tomás ha reconocido que la ley estatal exige revisar las tasas medioambientales, pero ha acusado al gobierno municipal de aplicar subidas por encima del IPC y de cargar el esfuerzo sobre las familias, en lugar de hacerlo de manera progresiva.