La investigación sobre el Clúster Maestrazgo abre la puerta a una posible suspensión penal de los proyectos eólicos
El fiscal de Medio Ambiente recuerda en la Cadena SER que, si las autorizaciones están vinculadas a hechos delictivos, la justicia puede paralizarlos cautelarmente también por la vía penal

Jorge Moradell en Hoy por Hoy Teruel
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
TERUEL
El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Teruel, Jorge Moradell, ha explicado en SER Teruel que la investigación abierta en torno al Clúster Maestrazgo —enmarcada dentro del caso Forestalia— podría desembocar, si se confirman indicios de delito, en la suspensión cautelar de los proyectos eólicos, no solo por la vía administrativa sino también en el ámbito penal.
Moradell, que no ha podido pronunciarse sobre el fondo del caso al encontrarse bajo secreto de sumario, sí ha detallado el marco jurídico que rodea las declaraciones de impacto ambiental y los procedimientos de control asociados. Ha recordado que estas evaluaciones son procesos técnicos complejos, basados en informes elaborados por la propia empresa promotora y posteriormente fiscalizados por la administración, que debe revisar aspectos biológicos, geológicos, hidrogeológicos, de fauna, flora y del impacto socioeconómico en el territorio.

Clúster Maestrazgo

Clúster Maestrazgo
En el caso del Clúster Maestrazgo, la investigación está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, cuerpo especializado de la Guardia Civil. Las diligencias persiguen determinar si las autorizaciones ambientales pudieron concederse de manera irregular y si existen elementos que apunten a una posible prevaricación administrativa.
El fiscal ha confirmado que, si la justicia observa indicios suficientes, la suspensión de los proyectos es jurídicamente posible:
“El Código Penal prevé que, cuando una autorización administrativa está vinculada a un hecho delictivo, pueda acordarse su paralización cautelar en el ámbito penal.”
A nivel administrativo, plataformas ciudadanas como Teruel Existe o la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ya habían solicitado la suspensión de los proyectos, una medida que inicialmente no fue adoptada, aunque “hay novedades que podrían influir”, según Moradell.
El fiscal ha insistido en que la fase actual es estrictamente investigadora, pero recalca que los mecanismos legales están previstos para impedir que proyectos con autorizaciones potencialmente irregulares continúen avanzando mientras se esclarecen los hechos.
La investigación sigue abierta y continuará determinando si las decisiones administrativas vinculadas al Clúster Maestrazgo se ajustaron a la legalidad o si, por el contrario, existieron actuaciones que pudieran constituir delito.




