La alcaldesa de Huesca reclama al Gobierno de España "aclaraciones urgentes" sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes

Huesca

La alcaldesa de Huesca ha dirigido formalmente al subdelegado del Gobierno en la provincia un escrito en el que solicita aclaraciones urgentes sobre el procedimiento regulado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Extranjería y se abre un proceso extraordinario de regularización masiva de personas extranjeras.

Lorena Orduna reclama al Gobierno de España que despeje las "graves lagunas jurídicas de la norma, que concrete los criterios técnicos para valorar la situación de vulnerabilidad y que aporte la financiación necesaria para que los servicios sociales municipales puedan asumir esta tarea extraordinaria sin ver comprometida la atención al conjunto de los oscenses".

El consistorio considera que la decisión del Gobierno y la imprevisión con la que ha plantado el proceso supone, en la práctica, trasladar a los ayuntamientos una carga de trabajo "de enorme magnitud, sin periodo de preparación, sin estimación del número de solicitantes y, sobre todo, sin un marco jurídico claro". Estos problemas ya fueron advertidos por el Consejo de Estado. Pese a ello, el texto finalmente aprobado no corrige estas deficiencias, incide.

Escrito remitido por la alcaldesa

El escrito remitido por la alcaldesa al subdelegado del Gobierno detalla, con argumentos jurídicos, varios puntos especialmente preocupantes para la administración local:

• Obliga a los profesionales municipales a constatar una situación -la irregularidad administrativa- que está fuera de su ámbito competencial y de sus funciones propias.
• No fija indicadores ni criterios técnicos objetivos que permitan emitir un informe de vulnerabilidad con las debidas garantías.
• La norma vincula de manera automática la situación administrativa de irregularidad con la de vulnerabilidad, lo que hace que el certificado exigido a los servicios sociales resulte, en la práctica, innecesario.
• Y deja a las personas que solicitan la regularización en una situación también de inseguridad jurídica.

A esta inseguridad jurídica se suma una "clara deslealtad institucional". El gobierno local entiende que la aprobación del Real Decreto se ha producido tener previamente en cuenta las entidades locales, que son las llamadas a ejecutarlo en primera línea, y "sin prever partida alguna de financiación estatal para reforzar los medios personales y materiales de los servicios sociales municipales".

El equipo de gobierno advierte de que el impacto no se limitará a los servicios sociales. "Las oficinas municipales de atención al público, los registros y la coordinación entre distintas unidades administrativas se verán también afectadas, con el consiguiente riesgo de desplazamiento sobre la prestación ordinaria de servicios esenciales al conjunto de la ciudadanía", destaca en un comunicado remitido a medios.

La experiencia de otras ciudades, "con riesgo de colapso en algunos servicios de la administración municipal", constituye una "señal de alarma" que el gobierno local de Huesca debe tener en cuenta.

“El Ayuntamiento de Huesca cumplirá con sus obligaciones, pero lo hará exigiendo la lealtad institucional que tanto pregona el subdelegado pero que el Gobierno al que representa no ejerce”, ha declarado la alcaldesa.

“Y lo haremos con rigor jurídico y en defensa de los intereses de los vecinos. No podemos asumir, sin criterios claros y sin financiación, una tarea como la que se nos traslada”, ha agregado. “Pedir reglas claras, seguridad jurídica para nuestros profesionales y recursos para los servicios municipales es ejercer con responsabilidad nuestra función”, ha señalado Orduna.