Las educadoras sociales acusan a los sindicatos de inmovilismo por su rechazo a la nueva Ley de Empleo

Oviedo

El gobierno asturiano consiguió, este miércoles, sacar adelante dos de las leyes “imprescindibles” para conseguir una administración más eficaz y ágil y con menos burocracia. Se trata de la Ley de Empleo Público, que pretende actualizar la vigente hasta ahora, aprobada en 1985 y que, al final, salió adelante en la cámara con el respaldo de Ciudadanos y un sí, no muy convencido, de IU; y la Ley de Calidad Ambiental, que recibió el apoyo de Ciudadanos y del PP, con fuertes críticas expresadas por Podemos e IU, además del voto, también en contra, de Vox.

En lo que respecta a la Ley de Empleo Público, sindicatos como Comisiones Obreras, CSIF, Usipa, USO y CSI critican una ley “cuyo texto no se parece en nada al que se salió de la mesa general” y que, dicen, “resulta confusa y politiza aún más la administración”. No les gusta, la forma en la que se pretenden configurar las bolsas de empleo o la creación de la figura de subdirector general, de libre designación.

Otra de las novedades de esta ley, y que también cuestionan los sindicatos, es la exigencia de que el nuevo cuerpo de educadores sociales deba estar formado exclusivamente por quienes sean diplomados o tengan el grado de educador social, "una formación que sólo es accesible a través de la UNED o de una universidad privada en Asturias, por lo que la norma es del todo excluyente”. Se preguntan también de dónde van a salir trabajadores para cubrir todas las plazas que se necesitan.

En este sentido, el Colegio Profesional de Educación Social del Principado de Asturias, que con la aprobación de la ley ha visto cumplido el anhelo de que estos profesionales vayan a conformar el cuerpo de educación social funcionario.

Un órgano colegial que se muestra en el día de hoy muy enfadado con la mayor parte de los sindicatos, con los que mantiene un enfrentamiento por esta causa que viene de antiguo. Desde el colegio afirman que las declaraciones vertidas desde algunos sindicatos han desatado un gran nivel de crispación en el contexto laboral, que está afectando gravemente a la necesaria convivencia entre las propias trabajadoras.

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La presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Asturias, Flor González Muñiz, nos ha acompañado este jueves en Hoy por Hoy Asturias. Se ha mostrado sorprendida por todo el ruido que ha acompañado la inclusión de las educadoras sociales entre el catálogo de desempeños del funcionariado público asturiano: “ya que no está ocurriendo nada que no pase o haya pasado en otras regiones”, explica. Desde la organización colegial no entienden Por qué desde los sindicatos se critica que el trabajo de educadores sociales lo vayan a realizar personas, la mayoría mujeres, en posesión de la diplomatura o el grado en educación social. “Para el trabajo de médico o arquitecto se exige el título correspondiente ¿por qué no va a ser así para educación social?” se pregunta.

Otra de las críticas que se hacen desde los sindicatos es que esta titulación sólo se imparte en Asturias, en la UNED y una universidad privada, algo que para Flor González carece también de sentido “porque en Asturias hay veterinarios y no hay facultad de veterinaria; hay arquitectos y la Universidad de Oviedo no imparte esos estudios y además, está la universidad a distancia, con centro en Gijón y una facultad privada (Facultad Padre Ossó), adscrita a la Universidad de Oviedo”.

Otro de los asuntos peliagudos que enfrenta a este colegio con los sindicatos es el que hace referencia a la situación en la que puedan quedar las trabajadoras que ahora ejercen sin la titulación en Educación social. “Se realizaron 17 procesos de habilitación en todas y cada una de las comunidades autónomas durante casi 20 años, para facilitar la transición, en la que cientos de profesionales ha sido habilitados/as para incorporarse en los Colegios Profesionales”, añade Flor González Muñiz.

Con todo, desde el Colegio de Educadores Sociales de Asturias se felicitan porque la, ahora aprobada Ley de Empleo Público, supondrá para la ciudadanía un avance en derechos y garantías para ofrecer un servicio de calidad y recibir una atención profesional y técnica adecuada al igual que ocurre con el resto de profesiones tituladas.