Gijón se convierte en escenario de la declaración de la UE para facilitar al acceso al mercado inmobiliario y el desarrollo urbano sostenible
La ministra de Transportes pone como hito la Ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura y asegura que el nuevo Gobierno servirá para desarrollar ese cambio de modelo
Gijón
Gijón da nombre a la declaración que en materia de vivienda han suscrito este martes los países europeos. Porque aquí se celebra la cumbre donde los 27 se han comprometido a facilitar al acceso al mercado inmobiliario y la sostenibilidad de ciudades y pueblos. Convencidos de que se trata de un asunto de primer orden. Los mandatarios de la Unión Europea han asegurado en Gijón que las políticas de acceso a la vivienda y desarrollo urbano sostenible deben ser asuntos de primer orden ya que se trata, aseguran, de garantizar derechos fundamentales. De ahí que hayan querido plasmar su compromiso en una Declaración que sienta las bases de un cambio de modelo que que consolide la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Raquel Sánchez, titular en funciones de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La ministra de Transportes Raquel Sánchez en la cumbre de la UE sobre vivienda en Gijón
La llamada 'Declaración de Gijón' con la que se ha cerrado este encuentro en el que han estado presentes los ministros del ramo de Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Malta y Eslovenia, así como representantes del resto de países de la Unión Europea. Tras reconocer la "necesidad de continuar desarrollando políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada " bajo los principios de "subsidiariedad y de cooperación entre todos los niveles de gobierno", se plantea la posibilidad de conseguirlo mediante la "creación y promoción de un parque de viviendas asequibles y sociales".
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Para los estados miembros de la UE es preciso "estimular un parque de viviendas adecuado", en particular en aquellas zonas con un mercado residencial tensionado, pero también desarrollar instrumentos normativos que hagan frente a fenómenos como el alquiler a corto plazo y mejorar los procedimientos administrativos vinculados a la vivienda. Según los últimos datos de Eurostat, el 8,7 % de la población europea, es decir, más de 40,8 millones de personas, destina más del 40 % de sus ingresos a pagar la vivienda, porcentaje que se eleva al 20,8 % si se considera el conjunto de familias que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado.