Manuel Prieto "La audiencia previa al despido disciplinario retrasará el procedimiento"

Asturias

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que afecta a todos los despidos disciplinarios a partir de ahora: no serán válidos si la empresa no ha abierto un trámite para que el trabajador pueda combatir las acusaciones. La sala de lo social cambia su propia doctrina para establecer que "el empleador debe ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él", aplicando la normativa del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo vigente en España desde 1982.

"Ha tenido que venir el Supremo para decir que el procedimiento a seguir es el de que tiene que haber una audiencia previa que permita al trabajador una mejor defensa de las causas que puedan motivar ese despido. El 54% de los despidos de este año han estado enmarcados en esa modalidad, por lo que la decisión del Supremo tiene un calado importante. En mi opinión, el Gobierno va a tener que reformar la parte del Estatuto de los Trabajadores para regular esta doctrina y dar seguridad jurídica". Lo dice Manuel Prieto, CEO de la asesoría Labortax, quien analiza una sentencia que establece que haya un procedimiento previo al despido para que el trabajador pueda defenderse ante esas causas. "Es una cuestión más de procedimiento".

La pregunta es por qué se cambia ahora. "Esta doctrina viene recogida en el Convenio de la Organización Internacional de los Trabajadores. En su propio estatuto ya regula ese procedimiento, ese paso previo, pero solo para los delegados sindicales o afiliados a un sindicato. Ahora eso se hace extensivo antes de poder prescribir a cualquier trabajador. Un paso más antes del trauma del despido".

Toda norma tiene sus ventajas pero también sus incovenientes. Para Prieto, en este caso, la sentencia del Supremo "va a retrasar más los procedimientos del despido. Las empresas tienen sus razones para tener que aplicar este tipo de medidas para con sus trabajadores y eso alargará más la toma de decisiones. Si no se aplica este procedimiento, a las empresas les puede conllevar una indemnización adicional por vulneración de los derechos de los trabajadores. Es algo que entra en juego en el marco de las relaciones laborales y algo que sobre todo debe tener un desarrollo formativo. Estaremos espectantes, pero es una doctrina que entra ya en vigor este mismo año".