Trabajadores del centro de menores de Sograndio denuncian motines y falta de seguridad

Oviedo

Trabajadores del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio vuleven a denuncia graves deficiencias en la gestión de este equipamiento en el que unos 50 menores de entre 14 y 18 años cumplen medidas de internamiento por haber cometido delitos. Son sobre todo problemas de seguridad. Aseguran que solo en los últimos dos meses ha habido varios motines, intentos de fuga de internos, algunos exitosos. Una situación insostenible, dicen, que viene de lejos, y que ha empeorado desde el cambio en la dirección el pasado mes de junio.

Estos trabajadores han tomado la decisión de hacer pública su denuncia porque se sienten abandonados por la administración, que está ampliamente informada, aseguran, de la situación que se vive en el centro de menores de Sograndio. De hecho el pasado 20 de enero tuvieron una reunión con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, pero todo sigue igual. Al deterioro de las instalaciones, goteras, humedades, techos y alicatados que se caen, falta de calefacción y agua caliente muchos días, se unen graves problemas de seguridad con un largo listado de incidentes. Señalan que los internos han protagonizado intentos de fuga, algunos consumados, tanto saltando la valla como aprovechando las salidas de fin de semana. Y no solo eso, también relatan dos motines, el primero en nochevieja que dejó a dos vigilantes de seguridad de baja por la situación vivida; el segundo hace unos días, el 24 de enero, en el que los internos llegaron a tirar objetos y diverso material por las ventanas.

Todo esto sucede a pesar de la estrategia de mejora integral de Sograndio, que la consejería de Hacienda y Justicia, puso en marcha en la primavera del año pasado, coincidiendo también con la renovación en la dirección. La actual directora, Aida Rodrigo, que hasta ese momento había sido la presidenta del comité de empresa, sustituyó a María José Álvarez, que renunció al cargo en abril del año pasado. Además en noviembre se hizo un nuevo contrato de seguridad, pasando de 35 a 49 el número de vigilantes, y más cámaras.

Y es que según los trabajadores el cambio ha sido para peor, con un centro a la deriva, en el que reina la laxitud, la falta de comunicación y de coordinación y donde la seguridad brilla por su ausencia. Aseguran que la plantilla de vigilantes, que debe estar en el centro nunca está al completo, debido a las bajas médicas constantes a consecuencia precisamente por las situaciones que enfrentan en el centro con los menores.

Esta realidad, refieren estos trabajadores (educadores, auxiliares educadores, psicólogos, y psiquiatras) afecta además indudablemente a la labor socioeducativa que se supone en este tipo de centros.

Ante estas situaciones la plantilla no se siente suficientemente apoyada por el comité de empresa, y han decidido dar este paso y denunciarlo públicamente.

Nos hemos puesto en contacto con la viceconsejería de Justicia, que por respuesta aluden a ese refuerzo en la seguridad, al que se sumará en abril el refuerzo de la plantilla con 13 nuevas plazas.

En cuanto a la situación de las instalaciones, la consejería es consciente de las necesidades del edificio y por ello ha puesto en marcha un plan de mejoras que, por ejemplo, tendrá su primera manifestación este año con la renovación del tejado.