Grupos ecologistas denuncian ante el Ministerio de Transportes la no activación de las zonas de bajas emisiones en Gijón
Ponen como ejemplo lo sucedido en Oviedo, donde aseguran que el tráfico se lleva más al interior
La Zona de Bajas Emisiones de Gijón vuelve a estar en el ojo del huracán. / SER Gijón
Gijón
El Observatorio Gijonés de Movilidad y Ecologistas en Acción de Asturias han trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una denuncia con las dudas que les genera que el Ayuntamiento gijonés no haya activado la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada, en Gijón.
Recibe la newsletter diaria de SER Gijón
La información que necesitas conocer para empezar la jornada
Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en acción, se ha quejado de que, en Gijón, como en muchos otros casos en España, son declaraciones sobre el papel, cuando en realidad no avanzan en los objetivos que marcan estas.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Paco Ramos, portavoz Ecologistas en acción, lamenta que las ZBE sean solo papel
Ha puesto, al tiempo, el ejemplo de Oviedo, donde ha sostenido que, en vez de pacificar y reducir el tráfico, casi lo lleva más al interior, con los proyectos del parking de la Escandalera o el del Campillín.
Por su parte, el presidente del Observatorio de Movilidad, Román Torre, ha sentenciado que lo que hay en Gijón es una zona que no está activa y para la que se han recibido varias partidas de fondos europeos que, para los ecologistas, tienen un uso cuestionable.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Román Torre, presidente del Observatorio de Movilidad, asegura que la ZBE de Gijón no se aplica
Con respecto a que el Ayuntamiento argumente que no va a sancionar en la Zona de Bajas de Emisiones hasta que no haya una alternativa al fallido vial de Jove soterrado, lo ha tildado de excusa, como podría haber soltado otra, ha reprochado.
Ramos, por su parte, ha añadido que puede entender que la posición política no comparta, o incluso esté en contra de estas Zonas de Bajas Emisiones, pero ha retado, en este caso, haga su propio proyecto y que lo haga de otra manera. "Lo que no creemos que se puede consentir es que tengamos un plan que es obligatorio y tienen que hacerlo, porque es una normativa estatal y que, simplemente, por no perder fondos digan que lo llevan adelante y luego justifican en no usarlo”.
