Sentencia del caso Punta Prima: "El comportamiento de la acusación particular resultó perturbador e injustificado"

Ibiza

La Audiencia Provincial ha absuelto al expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y al vicepresidente de la institución, Bartomeu Escandell, por el caso Punta Prima. Recordemos que inicialmente también se sentaron en el banquillo por esa causa la exvicepresidenta del Consell, Sonia Cardona, y el ex conseller de Turismo, Josep Mayans, aunque en la recta final del juicio se retiraron las acusaciones contra ambos.

El fallo considera que no ha quedado acreditado que incurrieran en una responsabilidad penal, ni prevaricaran al no publicar el informe de impacto ambiental del PERI de la zona en la que el empresario Leo Stöeber, propietario del complejo turístico, pretendía construir la segunda fase del proyecto. Esta misma línea ya fue expuesta por la Fiscalía durante todo el proceso y por eso no presentó escrito de acusación.

En la sentencia se dice textualmente que en torno a la legalidad vigente y su compatibilidad con el PERI, no permiten considerar que fueran los acusados los que crearan “un debate inexistente con la espuria finalidad de anteponer sus intereses políticos a la legalidad”.

Información confusa

Recalca también el fallo que, en el momento en el que se produjeron, el equipo de gobierno del Consell de Formentera acababa de constituirse, tenía pocos medios y recursos personales y recibía “información confusa de los órganos superiores de la Comunidad Autónoma sobre el modo de proceder, lo que no permite descartar que fuera esta cautela aconsejada desde Palma, la que les condujera a actuar de este modo ante el riesgo de contravenir la legislación que otorgaba una especial protección a la zona periférica de Punta Prima.

Lo que si se destaca en la sentencia es que Stöeber puede reclamar ante la jurisdicción contencioso-administrativa "lo que a su derecho convenga".

Costas procesales

Pero donde más dura se muestra la sentencia es a la hora de imponer las costas procesales a Stoeber. El propietario del complejo turístico. Deberá pagar las costas causadas a las cuatro personas procesadas inicialmente. En el fallo se califica el comportamiento de la acusación de “perturbador e injustificado” y es que también imputaba delitos de falsedad, infidelidad en la custodia de documentos y coacciones “que no se hallaban integrados en los hechos punibles delimitados en el auto de acomodación del año 2015. Por todo ello, se considera “incomprensible” que en el auto de apertura de juicio oral de 2019 se imputaran delitos de prevaricación, falsedad, desobediencia, infidelidad en la custodia de documentos y coacciones.

Se recuerda en el fallo que estas acusaciones implican penas de cárcel de seis años, mientras que el delito de prevaricación que era el que había imputado inicialmente llevaba aparejada únicamente una pena de inhabilitación.

La sentencia recalca que esta táctica procesal supuso que los acusados “debieran soportar durante años una gravosa petición de condena que carecía de sustento procesal , manteniéndose tales pretensiones de condena durante la fase de enjuiciamiento."

Dicen que el hecho de que se retiraran algunas de las acusaciones en las conclusiones “no es capaz de neutralizar los gravosos efectos descritos”.

Por todo ello, en el fallo se hace mención a la adopción de "medidas cautelares de naturaleza personal o patrimonial, que hubieren adoptadas en su caso una vez que adquiera firmeza esta resolución".

Contra esta sentencia se puede presentar recurso de casación en el plazo de cinco días.

Stöeber ya declaró hace unos días en Radio Illa que agotaría todos los recursos judiciales en defensa de sus derechos.