Cáritas, sobre el pacto PP-Vox: "Estaremos encantados de que no nos den ayudas si asumen su propia responsabilidad"

Barcelona

El pacto entre el PP y Vox para conseguir la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura ha despertado el temor de las organizaciones sociales. Entre los puntos del acuerdo está el recorte a la financiación de las entidades que ayudan a las personas migrantes, y eso ha preocupado a los colectivos.

La responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, ha pedido esta mañana en el programa Aquí Catalunya, de SER Catalunya, "que haya sensatez". Ha afirmado que estará "encantada de que no den ayudas a las entidades si la Administración asume su propia responsabilidad de gestionar el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los migrantes".

Por todo ello, se ha mostrado preocupada porque "los cambios sociales y políticos parece que pueden llegar aquí", y por eso ha pedido a los políticos "responsabilidad y que miren por las personas".

Este martes es el segundo día con la posibilidad de tramitar presencialmente la regularización extraordinaria de migrantes. El proceso ha despertado malestar entre las entidades sociales porque "tenemos la sensación de que se nos está cargando la responsabilidad de emitir certificados y de prestar la atención cuando tampoco estamos recibiendo recursos para los dispositivos que podemos poner en marcha", y eso acaba recayendo en ellas.

"Las personas lo están viviendo con ansiedad"

El proceso de regularización extraordinaria ha provocado que en muchos puntos las oficinas municipales hayan quedado desbordadas por personas que, por ejemplo, van a buscar el certificado de empadronamiento o de vulnerabilidad. Hay quienes incluso han pasado la noche ante las puertas para conseguir tramitar lo antes posible los papeles necesarios.

"Al margen de la alegría y de la oportunidad de un proceso como este, las personas lo están viviendo con angustia", ha explicado Elisabet Ureña. Desde Cáritas, relatan que los usuarios que atienden "tienen miedo". "Corren muchos rumores", ha afirmado Ureña, y eso provoca que teman "no llegar a tiempo, que haya algún problema o que no puedan reaccionar, porque no dejamos de hablar de un plazo que es muy corto". Cabe recordar que las cerca de 150.000 personas que pueden beneficiarse de la medida en Cataluña tienen hasta el 30 de junio para presentar la documentación necesaria.

"Está ayudando que, poco a poco, están saliendo más instrucciones concretas, pero todavía siguen muchas dudas en el aire", ha explicado Ureña. Por eso ha hecho un llamamiento a que haya más información: "cuantos más puntos haya abiertos de forma normalizada para que las personas puedan hacer los trámites, todo se irá calmando". La responsable del Programa de Movilidad Humana también ha cargado contra el hecho de que se exija un certificado de vulnerabilidad. Ha asegurado que cuando vio el requerimiento les dejó "descolocados" porque consideran que con "el mero hecho de la irregularidad administrativa ya se puede dar por hecha la vulnerabilidad". Además, ha denunciado que la gran demanda de documentación hace que muchas personas acaben optando por buscar un abogado y eso provoca que "los costes puedan llegar hasta los 400 euros".

SER Catalunya ha detectado durante los últimos días varios casos de personas que, aprovechándose de la situación, se están dedicando a vender citas previas falsas para tramitar la documentación necesaria. En algunos casos pedían más de 50 euros. Es una situación que ya había ocurrido en otros casos, como, por ejemplo, con la última regularización masiva de inmigrantes que se produjo hace 21 años, durante el gobierno de Zapatero. Es importante remarcar que todos los trámites de documentación que deben solicitarse a la Administración son gratuitos.